El expresidente Ollanta Humala habría recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de las empresas integrantes de la presunta organización criminal denominada ‘Club de la Construcción’ para beneficiarlas en un total de 30 obras, conformadas por 23 licitaciones y 7 concursos públicos, según la imputación fiscal, planteada por el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los pagos se realizaban a José Guillermo Paredes Rodríguez, quien tendría la función de acopiar el dinero ilícito proveniente de las empresas de la referida organización criminal. Una vez que tenía el dinero, se lo entrega a Carlos Eduardo Paredes Rodríguez y a Ollanta Humala. Un mismo rol fungía Rodolfo Edgard Prialé, señalado como operador del club.
Los sobornos se habrían efectuado en mismo Palacio de Gobierno y fueron entregados en maletas, previa coordinación telefónica.
“Se le destinaron pagos ilícitos a través de Rodolfo Edgard Prialé y José Guillermo Paredes Rodríguez, circunscritos a los siguientes procesos de selección”, se lee en el requerimiento presentado ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.
Los procesos de selección a los que se refiere el fiscal fueron 23 licitaciones públicas y 7 concursos públicos. Todos se trataban de obras de mantenimiento, rehabilitación y mejoras de carreteras.
Este mecanismo habría operado entre 2011 y 2014, periodo en el que Humala era presidente de la República, involucrando a empresas como Graña y Montero, Obrainsa, Cosapi, entre otras. Se estima que los sobornos, que oscilaban entre el 1% y el 3% del valor de los contratos, se financiaban mediante el sobrecosto de las obras. Además, existen indicios de que estas prácticas podrían haberse extendido hasta 2017, abarcando la licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur en sus tramos 2 y 3.
Cuando el Estado solicitaba un proyecto, se definía previamente como ganadora a una empresa del Club de la Construcción y las otras participaban para fingir una competencia justa.
De las empresas involucradas, las constructoras Cosapi, ICCGSA y Obrainsa han admitido su responsabilidad, por lo que cuentan con sentencias de colaboración eficaz.
Por este caso, la Fiscalía solicita penas para un total de 29 acusados y 14 empresas. Entre los principales, vale mencionar el requerimiento contra el expresidente Ollanta Humala de 13 años de cárcel y contra el presunto intermediario de los cobros José Paredes de 8 años de prisión.
