Congreso con mayoría nacionalista dio carta libre a exalcaldesa
En el 2012, la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quería ampliar el proyecto Línea Amarilla, y convertirlo en Vía Parque Rímac -lo cual conllevó al alza de tarifas de peajes en la Vía de Evitamiento-, pero necesitaba agilizar las expropiaciones de terrenos, y tuvo la ayuda decisiva del gobierno de Ollanta Humala, según informa el portal de noticias Manifiesto.
El 14 de diciembre de ese año era premier Juan Jiménez Mayor, y presentó al Congreso “con carácter de urgencia” el proyecto de ley “que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de obras de infraestructura”.
Si bien la propuesta mencionaba a decenas de proyectos de transporte, la Línea Amarilla modificada permitía que OAS elevara las tarifas de los peajes, ganando hasta 40,000 millones de soles gracias a que Villarán les ampliaba la concesión de 30 a 40 años.
Los voceros del Partido Nacionalista, Perú Posible, Acción Popular-Frente Amplio y Solidaridad Nacional pretendieron que el proyecto se apruebe sin debatirlo en la Comisión de Vivienda, pero Fuerza Popular y el PPC, junto con el Apra, lo evitaron en enero del 2013.
En el grupo de trabajo, presidido por el acciopopulista Manuel Merino, se había retirado a Línea Amarilla de la lista, porque era un tema muy delicado y que no tenía actualizados los estudios técnicos. Sin embargo, la mencionada alianza de cuatro bancadas logró incluir de nuevo la obra de OAS el 9 de mayo de ese año, y ese mismo día se aprobó en el Pleno.
De ese modo, la gestión de Villarán pudo implementar una etapa del proyecto de los peajes ampliados. Quien debía finiquitar los procesos era el Ministerio de Vivienda, que era dirigido por René Cornejo, “casualmente” un exasesor de OAS.
Según las investigaciones, desde entonces llegaron desde Brasil personas enviadas por la referida empresa, para repartir más de 6 millones de dólares en efectivo, a quienes les habían facilitado la concesión.
El abogado Raúl Leiva viene siguiendo este caso, y sospecha que hubo una componenda no solo entre los referidos políticos, sino con otros personajes y partidos, para implementar una obra muy cara para los limeños, y poder cobrar sobornos.
