Por: Pablo Carranza
– ¿Cuál es su apreciación sobre la Ley N°32108, que legisla sobre el crimen organizado?
Es una ley que sana la vaguedad e imprecisión de la Ley de crimen organizado, que permitía que se den casos como el de Pedro Pablo Kuczynski, en el que, señalándolo a él, a su secretaria y a su chofer, se formaba una organización criminal. Hoy eso ya no puede ser así, sino que la supuesta organización, aparte de su compleja estructura y de su reparto de roles, debe procurar el control directo o indirecto de un mercado o economía ilegal. Me explico, estamos hablando de actividades como la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, el contrabando masivo, y actividades como esas, que curiosamente en este tiempo se han multiplicado en el Perú, mientras que fiscales y policías se han dedicado a criminalizar a los políticos.
– Se critica que se eleven las penas de ilícitos para ser consideradas como organización criminal ¿qué opina al respecto?
Una organización criminal está dirigida a cometer delitos graves, o sea, no podemos estar creando un tipo penal que permite que delitos menores acaben siendo objetivo de una organización criminal. Estas, usualmente, como por ejemplo la Ley Rico en 1970, siempre se ha dirigido a organizaciones como la Cosa Nostra. Como usted comprenderá, la Cosa Nostra no comete delitos menores y, además, el legislador está corrigiendo un problema serio, y es que por delito grave se entienden dos cosas al mismo tiempo: el que tiene pena mayor de cuatro años, sin embargo, para que la Corte Suprema conozca obligatoriamente de la casación en un delito, este delito tiene que tener no menos de seis años de pena. Entonces, ahí hay una contradicción, lo que está haciendo en mi opinión el legislador es homogenizar la definición del delito grave.
– Con esta norma, cuando haya un allanamiento se requerirá la presencia del abogado del acusado ¿esto no favorece al investigado?
Eso no favorece a nadie. Esa es una manipulación. Yo no entiendo por qué los fiscales mienten, porque esto ni siquiera es una falacia, es una mentira. La ley no obliga a notificar al abogado, lo que sí obliga es que el fiscal y la policía tomando posesión del lugar, tienen que esperar a que esté el abogado. Usted tiene derecho a la defensa. El artículo 139 inciso 14 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la defensa en toda etapa del proceso, y el proceso penal comienza desde las diligencias preliminares de investigación en nuestra legislación. Entonces, cómo va a ser que allanen su casa, están restringiéndolo o privándolo del derecho a la inviolabilidad del domicilio; van a poder revisar sus cosas y documentos, están privándolo del derecho al secreto de los documentos privados y pueden incautarlos. Por lo tanto, están afectando su derecho a la propiedad y no va a tener usted la presencia de un abogado. Encima, esta ley lo único que hace es convertir en un mandato, en una norma específica, lo que como regla general está en el artículo 80 del Código Procesal Penal, que dispone que la Oficina de Defensa Pública debe designar un abogado de oficio para legalizar las diligencias. Es decir, aquellas diligencias en las que se llega y es probable que la persona no tenga un abogado, el fiscal debe llevar un defensor público. Esto no es nada nuevo, lo que está creando la fiscalía en realidad es una protesta con un profundo sentido político, lo que quieren es seguir acosando a los políticos, convirtiendo a los partidos en organizaciones criminales, clasificándolos como organizaciones criminales. Además, caprichosamente, lo que quieren fiscales y jueces con este reclamo es simple y llanamente seguir alterando el sistema político peruano.
– ¿Es verdad que se reducirán los tipos penales de crimen organizado de 90 a 59?
Eso no es correcto. Es que, vuelvo a decir, crimen organizado no es tres chicos que roban una bicicleta. Crimen organizado es el ataque de un grupo estructurado de personas que cometen delitos graves, todos los delitos no pueden ser objeto de la actuación de una organización criminal. ¿Para qué quieren una cosa de tan amplio espectro, si, además, vamos aclarando esto, en estos años que ha estado en vigencia esta ley de crimen organizado, desde el año 2012 hasta acá, lo único que hemos visto los peruanos es multiplicarse al crimen organizado? Perú es el primer exportador de cocaína en el mundo, vemos que la trata de personas campea, particularmente en las zonas de minería ilegal. La minería ilegal hoy día representa 4 puntos del PBI. Hay tráfico de armas, porque usted ve cómo se han multiplicado los delincuentes portando armas. Eso no aparece de la nada. Hay traficantes de armas. O sea, no pueden con eso y quieren más todavía.
– Explíquenos cómo es que con esta nueva norma los partidos políticos no volverán a ser investigados como organizaciones criminales, como pasa con Fuerza Popular.
Eso además funciona según el tinte político, porque el APRA está procesado por organización criminal, Fuerza Popular por organización criminal, Podemos por organización criminal, hasta Alianza por el Progreso está procesado por organización criminal, pero curiosamente la señora Susana Villarán y Fuerza Social no son una organización criminal. A pesar de que trasegaron 11 millones de dólares en la corrupción. Esos no son organización criminal. Entonces, lo que hay que acabar es con este decisionismo fiscal que le permite acosar a aquellos políticos que no son de su simpatía. Esa es la verdad. La verdad es que aquí lo que quieren es mantener el grillete con el que han sujetado a los políticos que les desagradan.
– ¿Qué le diría usted a la congresista Ruth Luque que propone derogar esta ley?
Que junte los votos a ver si los encuentra. Lo que pasa es que la señora Luque, que es parte de este esquema, que le encanta ver a las personas perseguidas. Aquí hay una corriente de izquierda marxista que parte desde la izquierda caviar, que tiene una perspectiva ‘stalinista’ del proceso penal. Hay que recordar que en 1934 Stalin usó el sistema penal para destruir a todos sus adversarios en los famosos “Juicios de Moscú”. Perú ha visto repetidos los juicios de Moscú entre 2018, 2019, 2020 y hoy día. Entonces, lo que tiene que acabar en el Perú es el stalinismo procesal penal y penal.
Tinte político
“La persecución funciona según el tinte político, porque el APRA, FP, Podemos y APP están procesados por organización criminal, pero Villarán y Fuerza Social no, cuando trasegaron US$ 11 millones de la corrupción”, señaló Abanto.
