Alrededor de 3,4 millones de habitantes no cuentan con acceso a este servicio esencial
La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, subrayó la importancia crucial de aprobar el proyecto de ley que garantiza el acceso universal al agua potable. Este paso es esencial para reducir la brecha que afecta a 3,4 millones de ciudadanos peruanos que actualmente no cuentan con este servicio, y además, promoverá la estabilidad social en el país.
Explicó esto frente a la Comisión de Descentralización del Congreso, durante su argumentación sobre la propuesta legislativa presentada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su discurso por Fiestas Patrias.
Pérez de Cuéllar afirmó que la reducción de la disparidad en el acceso a servicios de agua y saneamiento es una máxima preocupación del Gobierno, especialmente dentro de su área de responsabilidad, y que la iniciativa presentada por el Ejecutivo está destinada a avanzar hacia este objetivo en el corto plazo.
«Este proyecto de ley es fundamental para el Perú porque no solo permite cerrar la brecha (de agua) en el corto plazo, sino también a mejorar la salud y educación de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad que carece de este servicio», indicó.
La propuesta de ley de acceso universal al agua busca establecer un marco legal que permita implementar soluciones innovadoras, especialmente a través de tecnologías no tradicionales, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable a las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza que actualmente carecen de este servicio en áreas tanto urbanas como rurales del país.
Algunas de estas tecnologías no convencionales incluyen sistemas públicos de pilones y reservorios móviles abastecidos por camiones cisterna, así como la utilización de filtros dentro de los hogares o en comunidades para purificar el agua en lugares donde la fuente de agua contiene metales pesados u otras sustancias contaminantes, entre otras alternativas.
La titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), detalló que las intervenciones convencionales, que comprenden proyectos de inversión de infraestructura, redes y equipamiento, se desarrollarán paulatinamente en los próximos diez años, siguiendo la hoja de ruta planteada en el Plan Nacional de Saneamiento.
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Asimismo, indicó que se plantea también que el Estado subsidie al 100 % la tarifa social de la población en condición de pobreza extrema, mientras que para los otros segmentos de poblaciones consideradas no pobres y no vulnerables, se les aplicaría una tarifa diferenciada.
«Espero que consideren la ley como una opción interesante para resolver esta deuda histórica y deuda social que tenemos con esos 3.4 millones de peruanos y peruanas. Es una ley histórica para el país, que no solo va a traer agua segura, sino que también va a traer mejores índices de salud, mejor educación para nuestros niños y por qué no decirlo, también más paz social», afirmó.
