SERGIO TAPIA T.
Decíamos que la lengua castellana, regulada en su morfología y sintaxis por la Real Academia Española y las Asociaciones de Academias de decenas de país iberoamericanos, ha sido reemplazada por un habla originada en la más sórdida profundidad de los complejos ideológicos.
He constatado documentación de ministerios como el de Justicia y Derechos Humanos, y se escuchan anuncios desde el Poder Judicial, del intento de practicar una profunda transformación lingüística, por considerarse que tal como hablamos, expresamos discriminación por razón del sexo, en desmedro de la visibilización de la mujer, y en abono a la sobre exposición universal masculina.
El problema que está ocurriendo en el Estado es que al dejar de expresarse en castellano, contrarían e incurren en infracción al artículo 48 de la Constitución, que regula el idioma oficial del Perú, estableciendo que es el castellano.
Pues, el uso y la regulación de dicho idioma castellano, reposa en las decisiones de la Real Academia de la Lengua y en la Asociación de Academias correspondientes de cada país iberoamericano.
Y, curiosamente, todas ellas, sobre el tema de la discriminación sexual en el idioma por el empleo universal del masculino para involucrar los dos sexos -femenino y masculino-, tienen conclusiones totalmente diferentes y contrarias a quienes sostienen las posiciones ideológicas de “género”.
Para los lingüistas hay un acuerdo general respecto a que no es discriminador contra la mujer que en el castellano, así como en otras lenguas, se opte por el uso marcado del masculino, para designar los dos sexos.
En el libro de José Martínez “El lenguaje de género y el género lingüístico”, se califica de “déspotas éticos”, a quienes sin autoridad alguna en materia lingüística, califican de discriminador el uso genérico del masculino para abarcar al sexo femenino.
Es de lástima que en el conjunto de nuestros jueces que pertenecen al sistema Republicano democrático, algunos de ellos se hayan embriagado con la ideología del “género”, y han derivado en déspotas éticos. Y, que si continúan en esa dirección, incurrirán en infracciones contra el referido artículo 48 de la Constitución sobre el castellano como idioma oficial del Perú.
Las altas autoridades del Poder Judicial, y los Ministros de Estado en los sectores de su competencia, deberían revisar con qué idioma se escriben las sentencias y resoluciones, y los documentos del Poder Ejecutivo,
Y, de insistir en sus afanes la malhadada Comisión de Justicia de Género, instalada erróneamente en la Corte Suprema; habrá de requerir a las más altas autoridades del Poder Judicial, que inviten a los jueces comprometidos en ello, a cesar en afanes ideologizados y dediquen su tiempo a la función jurisdiccional que les corresponde, cuya productividad es descuidada a causa de impropios menesteres.
Blog (colección artículos publicados en La Razón): https://sergiotapiatapia.blogspot.com/
