Indecopi se pronunció tras evaluar el caso de un establecimiento de Chimbote que rechazaba billetes de S/200

Los establecimientos comerciales en el Perú no pueden rechazar injustificadamente pagos con billetes o monedas de curso legal. Así lo advirtió el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), al recordar que esta práctica podría vulnerar los derechos de los consumidores.

La entidad precisó que el artículo 43 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) establece la aceptación forzosa de los billetes y monedas puestos en circulación por el organismo para el pago de obligaciones privadas.

El pronunciamiento se produjo luego de que Indecopi evaluara la política de un establecimiento comercial de Chimbote que no aceptaba billetes de S/200. Según la autoridad, el temor a recibir dinero falsificado no justifica rechazar de manera general todos los billetes de esa denominación.

En ese sentido, la entidad señaló que cada situación debe analizarse de forma particular, tomando en cuenta las características del dinero presentado por el consumidor.

Por ejemplo, un comercio podría tener motivos para rechazar un billete o una moneda si presenta señales de falsificación, está muy deteriorado o fue retirado de circulación. Sin embargo, no corresponde imponer restricciones generales al efectivo sin una razón válida.

¿Los negocios pueden exigir pagos con tarjeta o billeteras digitales?

Indecopi aclaró que los establecimientos pueden promover el uso de tarjetas bancarias y billeteras digitales por razones de seguridad, comodidad o eficiencia. No obstante, incentivar estos medios de pago no los libera de cumplir las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

Por ello, los negocios deben evitar condiciones que impidan injustificadamente a sus clientes pagar con dinero en efectivo de curso legal, incluso si su objetivo es reducir el manejo de billetes y monedas.

La advertencia se da en un contexto en el que los pagos digitales tienen mayor presencia en el país y algunos comercios buscan incentivar su uso. No obstante, estas políticas deben respetar los derechos de los consumidores y las disposiciones aplicables.

Ante posibles restricciones injustificadas, los consumidores pueden solicitar que se respeten sus derechos. Por su parte, los proveedores deben revisar sus condiciones de pago para garantizar que se ajusten a la normativa.