Usuarios pueden denunciar casos mediante la plataforma Reclama Virtual en el portal institucional.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un proceso de sanción contra empresas que realizaron llamadas promocionales sin el consentimiento de los usuarios.
La jefa de Fiscalización, Milagro Pozo, explicó en diálogo con Canal N que las primeras multas recayeron sobre la empresa de seguros Pacífico y el call center Impulsa 35, luego de comprobarse que efectuaron comunicaciones comerciales sin autorización previa. Estas acciones se amparan en la ley aprobada en mayo de este año, que tipifica como infracción grave las llamadas no solicitadas con fines publicitarios.
Pozo señaló que desde 2022 Indecopi emplea la herramienta de inteligencia artificial denominada Whisper, que transcribe millones de audios para identificar contenidos promocionales. A partir de esta detección, la institución solicita a las compañías pruebas del consentimiento otorgado por los usuarios, como contratos o grabaciones. En la primera campaña de fiscalización se analizaron cerca de siete millones de llamadas, un proceso que sin el uso de esta tecnología habría tomado varios años.
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La supervisión actual abarca a empresas de seguros, bancos, programas de salud y operadores de telecomunicaciones. Cinco compañías de estos sectores se encuentran en evaluación. Además, Indecopi investiga las llamadas que se cortan sin contenido comercial, con el objetivo de determinar la responsabilidad de los call centers.
Las sanciones pueden alcanzar hasta 450 unidades impositivas tributarias (UIT), según la gravedad de la infracción. Cuando las empresas no entregan la información solicitada, se aplican multas adicionales, como ocurrió en el caso de Entel, que recibió una sanción superior a 40 UIT por no proporcionar datos requeridos.
Para los ciudadanos, la plataforma Reclama Virtual en el portal de Indecopi se ha convertido en el principal canal de denuncia. Los reportes no solo permiten dar atención a cada caso, sino que también sirven para identificar patrones de conducta y reforzar la fiscalización. Según Pozo, el objetivo es reducir progresivamente la práctica de llamadas no deseadas que afecta a miles de usuarios en todo el país.
