El canciller Javier González-Olaechea informó que habrá una “fiscalización más contundente” de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben recursos del extranjero. Actualmente, dijo, hay un total de 375 operando en nuestro país que canalizan unos US$300 millones anuales; sin embargo, añadió, solo el 1% de ellas están acreditadas ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Añadió que para dicha fiscalización —que implicará el cruce de información con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat)— se necesitará el Ejecutivo requerirá el concurso del Congreso de la República “porque hay varios proyectos para reforzar la APCI”, explicó en Canal N.
Antes de esa tarea de control declinó dar nombres de las ONG que, en su opinión, estarían haciendo uso inadecuado de esos recursos. No obstante, ratificó: “no tengo la más mínima duda que desde hace muchos años muchas de estas organizaciones hacen lo que quieren y no cumplen, vamos a ponerlo en estos términos, con la estabilidad ni fomentan la democracia y en muchos casos las torpedean”.
“Hablé en algún momento incluso de la ruta del dinero ilícito que ingresaba para desestabilizar en ese proyecto llamado Runasur”, recordó en Canal N.
Según un informe del programa ContraCorriente de Willax, la ONG IDL, el cual presume ser el abanderado de los valores democráticos, poniendo precio hasta la protección de los derechos humanos y la defensa personal de sus empleados, lo que suma, recibió en el 2023 un total, S/ 4’837.974 de la cooperación internacional sin que nadie los fiscalice.
¿Estarían algunas ONG detrás de la crisis actual?, se le preguntó entonces. “Algunas de ellos estoy seguro que sí, como lo hicieron en parte en finales del 2022 y principios del 2023 —lamentando obviamente lo que sucedió — y en muchos casos están en proceso de investigación, algunos ya con acusaciones, sentencias”, indicó.
En otro momento, González-Olaechea se refirió al viaje a China de la presidenta Dina Boluarte, programado para junio próximo. En ese contexto, dijo que sustentará ante el Congreso con documentación, la importancia de esta visita de la mandataria al país que calificó como el “socio comercial más importante” del Perú.
No quiso dar por descontado el aval parlamentario para este periplo. “Sería una falta de respeto”, adujo, y agregó que seguirá el trámite de rigor. “Soy respetuoso de las atribuciones exclusivas del Congreso y sostendremos con contundencia y documentación la importancia de una visita de Estado al socio comercial más importante”, anotó.
Añadió que las visitas de este tipo “no son endosables”. “No se puede decir: ‘como no va la presidenta, entonces asiste el canciller’. Vamos a desarrollar una agenda nutrida con autoridades, comenzando con el presidente y dos ciudades, una de alto contenido tecnológico. y llevando programas de conversación y negociación a efectos de presentar más oportunidades de inversión con el Perú como hacemos con otros países importantes”, subrayó.
