Exigen a MEF cumplir con inyectar S/3.000 millones para costear pago total
La Comisión Ad Hoc del Fonavi alista una nueva entrega de aportes. Luis Luzuriaga, presidente de este grupo facultado para cumplir con la deuda social a más de un millón de adultos mayores, comentó que urge reintegrar dignamente este dinero, más desde el Consejo de Ministros están limitando los planes.
«Con las demoras vistas en la lista 20 y el recorte de las entregas, la PCM quiere revisar todo el proceso y alargarlo. Vamos a zanjar la situación. Los fonavistas queremos que sea en marzo. El 15 marzo. No aceptamos otra fecha. Tiene que iniciar la devolución de una vez», dijo.
Luzuriaga señala que el próximo 22 de febrero se reunirán en la Comisión Ad Hoc y propondrán que se respeten los criterios de la retribución autorizada por el Gobierno: para mayores de 60 años, con prioridad a los que padecen alguna enfermedad o con alguna discapacidad, así como a sus deudos.
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No obstante, la PCM, a través de la Secretaría Técnica, solo quiere dar los aportes a los mayores de 80 años y solo a los titulares de las cuentas y no con sus herederos.
«Es un grupo de reintegro (de listas anteriores) (…) La propuesta está en bruto. Vamos a discutirlo y buscar un punto medio, y, si se aprueban los lineamientos, comenzamos. Esa plata está en el Banco de la Nación y solo deberán ir a cobrar —como sucede ahora con los de la lista 1 al 19, que desde el 1 de febrero están retirando sus aportes—», añadió.
Luzuriaga pidió al flamante ministro de Economía y Finanzas, José Arista, cumplir con darles un crédito suplementario por S/3.300 millones para los pagos del Fonavi, ya que en el Presupuesto Público 2024 no se les dio ni un sol.
Vale acotar que la Comisión Ad Hoc posee un presupuesto de S/2.300 millones para la retribución de aportes; y para la lista 20 se han transferido S/164 millones 350.034. El universo total de recursos por reinyectar es de S/6.000 millones, mas el MEF no ha destinado partidas para cumplir con esta deuda social. Además, faltan S/42.000 millones de los empleadores, pero el Tribunal Constitucional negó honrar esta deuda.
