Por abuso de autoridad, omisión, prevaricado y falsedad ideológica
La decisión de enviar de inmediato a prisión al expresidente Ollanta Humala ha abierto un nuevo frente judicial. La Fiscalía Superior dispuso iniciar una investigación penal contra los jueces que ordenaron la ejecución adelantada de la condena.
La Séptima Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 60 días contra las juezas y el juez Juana Mercedes Caballero García, Nayko Techy Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias, integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
La investigación se realiza por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica, tipificados en los artículos 376, 377, 418 y 428 del Código Penal, respectivamente. El agravio es en perjuicio del Estado peruano —representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial— y del propio Ollanta Moisés Humala Tasso.
Según la disposición fiscal, el objetivo es esclarecer las circunstancias en las que se ordenó la ejecución inmediata de la pena privativa de libertad impuesta al exmandatario.
Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó recibir la declaración del expresidente Ollanta Humala, quien deberá ratificar los hechos denunciados y aportar información relevante para el caso. Esta diligencia se programará conforme a la agenda fiscal.
Asimismo, se dispuso recibir la declaración del Procurador Público del Poder Judicial, quien deberá informar sobre los hechos materia de la investigación y las posibles afectaciones institucionales derivadas de la decisión judicial cuestionada.
La Fiscalía precisó que tiene competencia para investigar a magistrados de primer y segundo nivel, como jueces especializados y superiores, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En la previa, el abogado penalista César Nakazaki sostuvo que mantener en prisión al expresidente constituye una detención arbitraria, dado que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han establecido un precedente vinculante sobre la no criminalización de los aportes electorales en ese periodo.
