Fiscalía pide investigación al congreso
CÉSAR LÓPEZ
El Ministerio Público busca pruebas de supuestos aportes irregulares de algunas cooperativas al partido de Fuerza Popular para la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2016, ello en el marco de las investigaciones por lavado de activos a la lideresa del fujimorismo, hoy presa en el penal Santa Mónica de Chorrillos.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, envió un oficio al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para solicitar información relacionada a la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori.
“(Remitir) toda la información legislativa relacionada al funcionamiento, fiscalización y tratamiento tributario de las cooperativas y universidades privadas del país”, requirió la titular del Ministerio Público.
El pedido de Ávalos fue trasladado en función del requerimiento del fiscal Wilson Salazar, titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, quien investiga a Fujimori, el exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez y el tío de este último Fidel Ramírez.
La respectiva indagación también alcanza a la Universidad Alas Peruanas que tendría como principal accionista a la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, según sostiene la fiscalía.
El pedido de información relacionada a cooperativas y universidades también se motiva por el proyecto que el 2018 promovió Úrsula Letona para la fiscalización y supervisión de cooperativas a través de una dirección ajena a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
La fórmula inicial no prosperó, pero el Congreso aprobó en junio que se cree un ente adjunto a la SBS para supervisar a las cooperativas, ello con la finalidad de evitar que estas entidades sean usadas para lavar activos.
El pedido de la fiscal tiene relación con investigación a Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez por presunto lavado.
APORTES
Hay más de un indicio que muestra los vínculos entre el fujimorismo y las cooperativas de ahorro y crédito, como la denuncia presentada por el congresista de Acción Popular, García Belaúnde, contra Fuerza Popular, que recibió un préstamo de S/75 mil de una cooperativa para gastos proselitistas.
Sin embargo, existen otros exfuncionarios de las cooperativas cercanos al partido naranja.
René Manrique Cusirramos es uno de ellos, quien ocupó la presidencia de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú y aportó más de S/112 mil al partido en 2016, el mismo año en el que fue candidato para el Congreso con el número 2 de Fuerza Popular para Arequipa.
El segundo personaje clave es Miguel Vásquez Cárdenas, un reconocido gestor de las cooperativas y asesor de la fujimorista Ursula Letona, una de las principales opositoras al proyecto de ley que propone la intervención de la SBS.
En mayor del 2018, luego de más de tres horas de debate, Fuerza Popular logró imponerse y bloqueó la aprobación del proyecto de ley que permitía que las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) sean supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
