No dejaron entrar a regidores a audiencia aduciendo una supuesta tardanza, pero especialista señala que no hay límite de hora y que Concejo debe volverse a reunirse.

Denuncian serias irregularidades en el proceso que iba a debatir y votar la suspensión del alcalde de Carmen de La Legua – Reynoso, Edwards Infante, quien habría hecho uso indebido de una camioneta del municipio. Según advirtieron los vecinos, el personal de seguridad impidió el ingreso a la audiencia de tres regidores municipales con la excusa de que habrían llegado tarde, cuando según especialistas consultados señalan que en este tipo de procedimientos no hay límite de tiempo.

El pasado 7 de abril a las 5 pm, en la sede la municipalidad en cuestión, se llevó a cabo la sesión que vería la suspensión de funciones del mencionado burgomaestre, sin embargo, todo se frustró debido a una maniobra sospechosa que impidió que los regidores Teresa Gutiérrez, Bertha Izaga y Emir Pico Solís pudieran ejercer su función fiscalizadora contra el denunciado. Sin embargo, quienes sí pudieron ingresar fueron los otros concejales, con cierta afinidad con el alcalde, Fiorella Vargas, Roberto Hidalgo, Segundo Carranza y Jonathan Neyra, quien tendría una denuncia fiscal por concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado).

Lo que sucede es que Edwards Infante tiene un fuerte problema, por el que aún no responde, que lo sindica de haber violado el artículo 85 del Régimen Disciplinario del Consejo Municipal que regula el “uso indebido de la infraestructura, bienes y servicios de la municipalidad en beneficio propio”. Esta infracción la habría realizado desde el 08 de enero al 17 de abril del 2024.

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Así consta en la manifestación presentada por el vecino Javier Rubén Salas Ramírez (71) ante la fiscal provincial Maria Lizbet Benites Cuadros del Cuarto despacho de Investigación de la Décima Fiscalía Provincial Corporativa del Distrito Fiscal del Callao. Aquí se dejó constancia que el alcalde habría aprovechado su cargo al hacer uso de la camioneta de doble cabina de marca Great Wall con placa BTU-800, que la comuna había alquilado junto a otros cinco vehículos similares para que sean destinadas a la subgerencia de Serenazgo y apoyen a la lucha contra la delincuencia.

El poblador que manifestó ser un jubilado de la PNP, hizo valer su voz de protesta y denunció que el vehículo habría sido despojado de los logos distintivos del Serenazgo y de los equipos especiales con que contaba por lo que envió sendas cartas a los regidores para que tomen cartas en el asunto, recibiendo negativas.

Una prueba de que esa camioneta no cumplió con las tareas para las que fue contratada es que cuando la Oficina de Control Interno del municipio la verificó en abril del año pasado el odómetro del vehículo en cuestión registró un kilometraje de 2,825 km, y las otras camionetas un promedio de 11,000 km, lo cual quiere decir que esta no realizó las labores de patrullaje de seguridad ciudadana.

Así también consta en el Informe de hito de control N°008-2024-OCI/1622-SCC que emitió la Contraloría General de la República, que da cuenta que en setiembre del 2023 se llevó a cabo licitación de seis vehículos de alquiler para la municipalidad de Carmen de la Legua – Reynoso, los cuales fueron entregados en el mes de diciembre de ese año para que sean puestas en funcionamiento en enero del 2024, sin embargo, en ese mes solo fueron operativas 5 unidades.

Y, esto se puede verificar en el acta de sesión N°001-2024 de la Comisión de Participación Vecinal y Seguridad, llevada a cabo el 17 de marzo de 2024, donde estuvieron presentes los regidores Fiorella Vargas, Teresa Gutiérrez y Roberto Hidalgo García. Aquí el mismo subgerente de Serenazgo, de ese momento, el comandante PNP, Jaime Antonio Rebaza Pérez informó que solo tenía a su disposición cinco camionetas y que una era “supuestamente” para seguridad de alcalde.

Finalmente, cabe destacar que la Contraloría en el informe N°008-2024-OCI/1622-SCC señala que esas “unidades vehiculares alquiladas para la subgerencia de Serenazgo se encuentran realizando actividades diferentes a su finalidad, lo cual podría afectar la buena administración de los bienes, la seguridad del vecindario y planes de acción ciudadana de la entidad”.

También indicó que “la subgerencia de serenazgo no cauteló la cantidad suficiente de choferes, a fin de que sean capacitados para el buen funcionamiento y uso de las camionetas.