En el debate público contemporáneo sobre Medio Oriente se repite con insistencia una afirmación que, aunque popular en ciertos círculos ideológicos, carece de sustento histórico y conceptual: la idea de que el Estado de Israel sería un “constructo artificial”, una imposición colonial creada tras la Segunda Guerra Mundial. Esta tesis, sin embargo, no resiste un análisis serio ni desde la historia ni desde el derecho internacional.
La presencia del pueblo judío en la tierra de Israel no es un fenómeno reciente ni una invención del siglo XX. Está documentada de forma continua a lo largo de más de tres mil años mediante fuentes arqueológicas, epigráficas e historiográficas independientes de la tradición bíblica. Los antiguos reinos de Israel y Judá, la centralidad política y religiosa de Jerusalén, y la destrucción del Segundo Templo en el año 70 d.C., registrada por historiadores de la Antigüedad como Flavio Josefo, constituyen hechos históricos verificables, ampliamente reconocidos por la investigación académica contemporánea.
Tras la dispersión forzada provocada por la dominación romana, el vínculo del pueblo judío con esa tierra no se interrumpió. A diferencia de otros pueblos antiguos desaparecidos o asimilados, el judaísmo mantuvo una relación constante con Jerusalén y con el territorio ancestral en los planos religioso, cultural y simbólico. Este vínculo se expresó de manera ininterrumpida en la liturgia, la jurisprudencia religiosa, la producción intelectual y la memoria colectiva. Negar esa continuidad no equivale a una revisión crítica de la historia, sino a una negación de la persistencia histórica de una identidad nacional.
Desde un punto de vista conceptual, calificar a Israel como un proyecto colonial implica además una confusión analítica. El colonialismo clásico presupone la existencia de una metrópoli soberana que expande su dominio sobre territorios externos con fines de explotación económica, control político o proyección estratégica. El sionismo no responde a ese modelo. No existió una potencia imperial que utilizara a Israel como colonia ni un centro metropolitano que extrajera recursos o beneficios. Se trató, en cambio, de un movimiento de autodeterminación nacional impulsado por un pueblo disperso, carente de soberanía, que buscó restablecer su hogar histórico en un territorio con el que mantenía un vínculo singular y documentado.
Reducir este proceso a la categoría de “constructo artificial” no aporta claridad al debate: lo empobrece. Tal reducción ignora tanto la dimensión histórica del vínculo judío con la tierra como el marco jurídico internacional que reconoció la creación del Estado de Israel en el contexto del sistema de Naciones Unidas. Más aún, aplica de manera selectiva criterios que rara vez se utilizan para analizar el origen de otros Estados surgidos tras procesos de descolonización, guerras o disoluciones imperiales.
Negar la historicidad del vínculo judío con la tierra de Israel no es una postura progresista ni una crítica valiente: es una forma de negacionismo histórico. El conflicto exige análisis serio, no consignas; rigor intelectual, no simplificaciones ideológicas. Sin ese piso mínimo de honestidad, cualquier discusión sobre Medio Oriente está condenada a ser estéril.
