La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, podría ser destituida luego de conocerse que habría omitido información en su declaración jurada de intereses.

Así lo afirmó el jurista Wilber Medina, al señalar que si omitió información en una declaración jurada habría cometido falta grave.

La ley exige que Tello declare a sus familiares cercanos, inclusive su sobrina, indicó el abogado penalista, Wilber Medina.

“¿Está dentro de la obligación declarar el nombre de la sobrina? Sí. Mis hermanos y mis hermanas tienen esta cantidad de hijos, sus nombres son tales, sus DNI son tales y trabajan en tales lugares”, explicó.

De haberse registrado a sus familiares, Tello Gilardi tendría que haberse abstenido en casos relacionados con las empresas privadas vinculadas a su sobrina.

“Si lo hubiera declarado, ella se ha debido abstenerse en todos los casos que estas entidades privadas tenían contingencias o líos donde la señora presidenta era miembro del colegiado”, mencionó.

La gravedad del asunto radica en que la presidenta del Poder Judicial podría estar involucrada en presuntos delitos de falsedad ideológica y omisión en la documentación.

“Yo considero que sí constituye una falta muy grave que puede terminar incluso con su destitución”, concluyó Medina.

PLAZO

Cabe indicar que la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ otorgó el plazo de cinco días a Janet Tello para que responda por la omisión de información en su declaración jurada. Deberá presentar un informe documentado sobre el hecho.

Este procedimiento responde a una denuncia presentada por el ciudadano Gino Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano ‘Equidad’, en la cual señala a Tello Gilardi de «presunta omisión dolosa al no consignar en su declaración jurada de intereses 2021 -2025 a Daniela Moreno Tello como su sobrina».

El escrito también señala que Daniela Moreno Tello ha realizado viajes a más de 17 países en los últimos años, entre ellos Noruega, Suiza, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, México y Colombia. De acuerdo con la denuncia, se trataría de viajes de alto costo que resultarían incompatibles con los ingresos conocidos de una persona joven sin actividad laboral pública debidamente registrada.

Estos indicios —afirma Equidad— revelarían una posible capacidad económica externa no explicada, lo que genera sospechas sobre eventuales vínculos financieros no declarados.

Según el denunciante, con este supuesto hecho, la magistrada habría incurrido en la presunta comisión de falsedad ideológica y omisión de consignar declaraciones en documentos.

Cabe señalar que en febrero 2025, La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó el inicio de un proceso disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a otros cuatro magistrados supremos, quienes habrían emitido de manera irregular una sentencia el 19 de julio del 2024.

Esa vez se debió a una denuncia interpuesta por el coronel de la Policía Nacional (r), Julio Ramón Cadenillas Díaz, por la “actuación funcional” de ella y los otros referidos magistrados. Indicó que los jueces rechazaron la casación con la que buscaba ser repuesto en la institución policial invocando una ley derogada.

REACCIONES

Tras esta situación, diferentes voceros de la denominada izquierda caviar han puesto el grito en el cielo y han denunciado y un supuesto plan para sacar del cargo a Tello, pero no se han pronunciado sobre el fondo de la escandalosa denuncia en su contra.

Al respecto, el abogado y politólogo Luis Alberto Mendoza señaló: “sigue el lloriqueo de caviares”.

“Miren a todos esos angelitos, juntos jugándose la vida porque se les viene la noche. Aquí tratando de salvar a la presidenta del Poder Judicial Janet Tello. El caso es bastante más grave de lo que imaginamos. Resulta que su sobrina radicada en España trabaja para varias empresas que tienen causas pendientes de resolver, precisamente, en la Corte Suprema. Y Janet Tello no hizo la Declaración Jurada al respecto. Va a ser destituida por la JNJ”, dijo.

En tanto, el periodista Hugo Guerra señaló que “esto no sería lo peor para la magistrada, debido a que de ser hallada culpable, incurriría en delitos que podrían llevarla a prisión, conforme a los artículos 428 y 429 del Código Penal”.