Estamos ante un problema histórico y moral de defensa invulnerable de los Derechos Humanos (DDHH). Efectivamente, es inverosímil, pero existe un grupúsculo de agitadores reaccionarios que quieren que renunciemos a organismos supranacionales como la OEA, la CIDH y otros análogos. Son unos verdugos, no creen en los derechos del Hombre. Quieren que abdiquemos de esos pactos tuteladores de la libertad. Debemos tomar una posición de hierro contra los herejes antilibertarios que predican una falsa postura intolerable de autosuficiencia e independencia, además, atentatoria de las libertades indoamericanas.
Tenemos, como dije, que descalificarlos. Hemos luchado decenas de años para buscar instrumentos protectores de los Derechos Humanos ¿Qué pretenden estos sujetos inquisitoriales; apartarnos para aplicar la pena de muerte? Es decir, una posición ultramontana, anacrónica, arcaica; tener las manos libres sin sanción posible, reapuntalando la cruel decisión de matar oficialmente. Ya no se trata de un balazo en la sien, sino de un paredón oficialista. Canallas.
Podríamos recurrir a un plebiscito indoamericano para detener esas aberraciones y no retroceder a nuestros siglos XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX, donde se mandaba a la hoguera solo por pensar heréticamente, por estar al margen de las tesis oficiales en aquellos siglos: matar al que discrepa; matar a los que no creían en las decisiones de virreyes y corregidores. Hoy, cuatro siglos después, se pretende restaurar y mantener la pena de muerte. Respondámosles poniendo el dedo en su llaga canallesca. Hoy, es verdad, no hay casos masivos, pero se abrirán las puertas para que dictadores fascistas y totalitarios decapiten a cuanto enemigo tienen.
Nuestro slogan tiene que ser: Derechos el Hombre, libertad absoluta, perseguir a los pregoneros de esa maldad antihistórica que puede ser el camino para conflictos nacionales e internacionales. No vamos a tolerar al estilo cruel de los cuarenta virreyes atizadores del fuego con el que gobernaron al Perú (desde Blasco Núñez de Vela, pasando por Toledo, Armendáriz, Caracciolo, Amat y Juniet, Jauregui, Guirior, Croix, hasta De la Pezuela y la Serna). Úkase a los mortícolas: si creen y defienden la pena de muerte, prepárense para el paredón. Mantendremos la vida, los DDHH, la libertad y una posición inflexible para perseguir y acorralar –sin matar— a los auspiciadores hediondos de la pena eterna.
II
No claudico en mi lucha de defensa de los DDHH y la libertad, porque el retiro inmediato y unilateral del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de DDHH –que algunos insisten en hacerlo por Ley o un Decreto del Ejecutivo— es imposible e inválido jurídicamente. Seguiremos sine die, indefinidamente, perpetuamente, sometidos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José) y a la CIDH.
Las razones principales son dos: (a) el retiro no existe como mecanismo de escape en la Convención Americana; es una figura mencionada pero no definida tampoco en la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. El retiro, acontece cuando no se pacta o no existe la denuncia, como en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya; (b) los derechos humanos son irreversibles; vale decir que cuando se conquistan, no pueden ser anulados ni restringidos. Incluso, la ONU ha sostenido que ni siquiera son denunciables los tratados sobre DDHH que los consagran.
III
El Pacto de San José no solo es un catálogo de Derechos Humanos (derecho a la vida, a la integridad personal, prohibición de la esclavitud, garantías judiciales, legalidad, irretroactividad, etc.) sino que tiene una garantía efectiva en la existencia de la Comisión Interamericana y de la Corte; sin la CIDH el Pacto sería un papel mojado en tinta, derechos sin acción, sin tutela. El poder constituido no puede deshacer, en materia de DDHH, lo construido por el poder constituyente. La ratificación de la competencia contenciosa fue incondicional. En la Asamblea Constituyente de 1978-79, sostuve, premonitoriamente:
“Nosotros no vamos a esperar que un Poder Ejecutivo, que es totalmente secundario, episódico, a las finales desde el punto de vista de la Historia, se tenga reservado hacer las ratificaciones; nosotros, desde aquí, le dictamos el mandato a los gobernantes del mañana: vamos a hacer una jurisdicción supranacional.”
Los DDHH no necesitan de normas para ser aplicados (autoejecutividad); van perfeccionándose (progresividad); entre el poder y los DDHH, prevalecen estos últimos (derecho preferente); no existen DDHH sin protección (tutela judicial efectiva); sobre todo, son irreversibles, al eliminar la esclavitud, introducir el hábeas corpus, someterse a la jurisdicción supranacional, es absolutamente imposible derrumbarlos porque son derechos adquiridos, inalienables, conquistas del Hombre.
(*) Jurista, exconstituyente, exdiputado, exsenador y excongresista de la República.
