Por sabotaje a elecciones por mesas de votación no instaladas

 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros cuatro funcionarios por los graves problemas que se suscitaron durante el proceso electoral.

La denuncia fue ingresada la tarde ayer lunes y quedó a cargo del Quinto Despacho Fiscal. La denuncia, presentada por el procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, plantea investigar presuntos delitos de abuso de autoridad, atentado contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del proceso electoral.

Según el documento, Corvetto habría tenido conocimiento previo de la crisis logística y tecnológica, pero no habría informado oportunamente al pleno del JNE sobre la magnitud del problema. Recién horas después de iniciada la jornada electoral reconoció que el material no había llegado a diversos locales de votación, lo que habría impedido tomar medidas a tiempo.

La denuncia también alcanza a otros funcionarios de la ONPE, entre ellos el gerente de Administración, Eduard Alarcón, señalado por presuntas fallas en la supervisión del contrato logístico; y Ricardo Saavedra, responsable de la organización electoral, a quien se le atribuye no haber garantizado la estabilidad del sistema tecnológico ni la conectividad en los locales de votación.

Asimismo, se incluye a José Zamame, exgerente de Gestión Electoral, por su rol en la planificación del proceso, y a Juan Alvarado, representante legal de la empresa Galaga SAC, encargada del transporte del material electoral en Lima Metropolitana. Según la denuncia, la compañía no contaba con la flota suficiente para cumplir el servicio, lo que habría contribuido a la paralización logística.

En el documento se lee que «el hecho que reviste mayor gravedad es la conducta desplegada por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas. A pesar de que la crisis logística y tecnológica era de conocimiento de la ONPE incluso hasta momentos previos al inicio de la jornada electoral, el denunciado mantuvo una conducta omisiva sistemática. Corvetto Salinas no informó oportunamente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sobre la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día».

La denuncia señala que Corvetto al advertir «la inminente e irreversible quiebra del sistema de instalación de mesas, este pretendió mitigar el impacto institucional anunciando que gestionaría la exoneración de las multas electorales para los ciudadanos impedidos de sufragar debido a la falta de material».

Para el JNE, «este hecho constituye, en puridad, una aceptación tácita del incumplimiento de sus funciones esenciales como garante del proceso; no obstante, desde una perspectiva estrictamente constitucional, la dispensa de una sanción pecuniaria resulta absolutamente insuficiente e impertinente para resarcir la vulneración del derecho-función al voto, lo cual agrava la configuración de los delitos imputados, pues era plenamente consciente de la exclusión masiva de electores provocada por su deficiente labor; así como, un flagrante atentado contra el derecho de sufragio, al reconocer fácticamente que el organismo bajo su mando obstaculizó el libre ejercicio del voto, pretendiendo «subsanar» un agravio de magnitud constitucional, confirmando el reconocimiento de la ilegalidad de su proceder y la existencia de un perjuicio irreparable a los comicios electorales».

El JNE detalla que recién en horas de la tarde, del domingo, de manera extemporánea e ilegal, el Jefe de la ONPE compareció ante el ente rector para admitir que el material electoral no había llegado a los locales de Lima Metropolitana.

Ronald Angulo, procurador público del JNE, precisó que la responsabilidad que se atribuye al jefe de ONPE se fundamenta en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la ONPE, que establecen su papel exclusivo en la organización, planificación y ejecución de los procesos electorales.

Angulo citó el artículo 182 de la Constitución, que precisa que el jefe de la ONPE, nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de cuatro años, es responsable de la organización y ejecución de los procesos electorales, así como del suministro de material electoral.