El organismo electoral confirmó la sanción económica y desestimó los argumentos del partido vinculado a Roberto Sánchez por financiamiento irregular en campaña.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la multa impuesta al partido Juntos por el Perú por haber recibido aportes de fuente prohibida durante la campaña electoral de 2021, consolidando así una sanción que ya había sido determinada previamente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La penalidad asciende a 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a más de S/176 mil, luego de que el máximo órgano electoral declarara infundado el recurso presentado por la agrupación política.

Según la investigación de la ONPE, el partido recibió al menos 17 aportes económicos —tanto en efectivo como en especie— cuyos supuestos donantes negaron haber realizado dichas contribuciones. Esto configuró una infracción considerada “muy grave”, al tratarse de financiamiento de origen desconocido o anónimo.

Este tipo de aportes está prohibido por la normativa electoral peruana, que exige transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas.

Juntos por el Perú intentó anular la sanción alegando, entre otros puntos, que los hechos ya habrían prescrito y que se vulneró su derecho a la defensa. Sin embargo, el JNE descartó estos argumentos y ratificó la validez del proceso sancionador.

Además de la multa económica, la resolución también contempla la reducción del 10% del financiamiento público directo que recibe el partido, lo que representa un golpe adicional a sus recursos.

No es la primera vez que la agrupación política enfrenta sanciones por irregularidades en sus aportes de campaña. En meses anteriores, la ONPE ya había impuesto otra multa por deficiencias en la rendición de cuentas, lo que evidencia reiterados cuestionamientos sobre su financiamiento.

El caso vuelve a poner en debate la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos en el Perú, un tema clave para garantizar procesos electorales transparentes y evitar el ingreso de recursos de origen irregular.

La decisión del JNE cierra la vía administrativa para el partido, consolidando una sanción que marca un precedente en la supervisión de los aportes políticos en el país.