La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para el jueves 11 de julio una audiencia pública para reconsiderar el caso de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Corvetto, quien no fue ratificado en el puesto, formalizó su deseo de continuar en el cargo.
Esta audiencia se realizará en medio de un clima político tenso, con acusaciones de politización entre los miembros de la JNJ. Además, el Tribunal Constitucional (TC) tiene un papel crucial en este proceso, ya que se espera que el 10 de julio evalúe la demanda competencial que podría destituir definitivamente a Aldo Vásquez e Inés Tello como integrantes de la JNJ, a pesar de haber sido inhabilitados por el Congreso y luego reinstalados por el Poder Judicial.
La decisión del TC será determinante para el futuro de la JNJ y de los casos que se encuentran en revisión, como el de Piero Corvetto. Con Aldo Vásquez e Inés Tello se podría ratificar a Corvetto.
Cabe señalar que durante la gestión de Corvetto se denunció fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2021 y según varios testimonios hubo toda una maquinaria para perjudicar a Keiko Fujimori y beneficiar a Pedro Castillo.
Estas graves acusaciones fueron reveladas por Jaime Villanueva, colaborador eficaz de la fiscalía, quien señaló que las pruebas del fraude electoral se encuentran en el teléfono incautado a Janet Talavera, asesora del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, donde está implicado el fiscal Rafael Vela Barba.
Por otro lado, Carmen Velarde, quien fue señalada por una gestión deficiente en el Reniec, también está bajo la manta de la JNJ. La evaluación -pendiente- para ser ratificada será crucial para definir el rumbo de la entidad y su credibilidad ante la opinión pública.
La situación de Corvetto y Velarde refleja la verdadera agenda de la JNJ, cuya próxima sesión será una prueba de fuego.
Sumado a ello, las decisiones del TC serán seguidas de cerca por todos los sectores políticos y sociales, dado el impacto que tendrán en la estabilidad y funcionamiento de las instituciones claves para la democracia peruana.
De otro lado, el Congreso de la República pidió al Tribunal Constitucional (TC) que también se pronuncie sobre la reciente resolución del Poder Judicial, que restableció en sus funciones a Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El procurador del Parlamento, Manuel Peña Tavera, sostuvo en un documento que la decisión de la Primera Sala Constitucional de Lima replica los actos de menoscabo denunciados en la demanda por conflicto de competencias.
Además, argumenta que dicho fallo “niega y contradice los criterios interpretativos vinculantes” establecidos en la sentencia 74/2023 del 23 de febrero de 2023, emitida por el Tribunal Constitucional en el curso del proceso competencial.
“Así pues, se trastoca y altera los términos expuestos en dicha Sentencia del Tribunal Constitucional, y sobre el criterio vinculante que emitió en torno al ámbito constitucionalmente admisible en el que se puede desplegar el control constitucional de actos parlamentarios”, indica el documento.
“Por todo lo expuesto, corresponde poner en conocimiento del digno Tribunal Constitucional que usted preside todos los actos continuados de menoscabo a las competencias exclusivas, y excluyentes, del Congreso de la República de ejercer juicio político y hacer efectiva la sanción política sobre los funcionarios públicos conforme lo prevé el artículo 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, a fin de que sean meritados, discutidos en la audiencia de vista de la causa programada, y finalmente se emita un pronunciamiento sobre los mismos, al formar parte integrante del petitorio de la demanda interpuesta en el presente proceso competencial”, precisa.
