Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, decidió poner fin a su colaboración con las autoridades peruanas tras la emisión de una orden de prisión preventiva en su contra. Según informó su abogado, Carlos Kauffmann, Barata dejará de participar como testigo en los procesos relacionados con los sobornos que la constructora brasileña habría pagado a funcionarios peruanos a cambio de contratos públicos.
Kauffmann dijo que ya no participará como testigo en más procesos que investiguen los sobornos millonarios pagados por Odebrecht a autoridades peruanas.
Según explicó su defensa, esta decisión se produce debido al incumplimiento de los acuerdos entre Perú y Brasil por parte de los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes solicitaron que dictara una orden de prisión preventiva de 36 meses en su contra.
La Fiscalía dice tener “sospecha fuerte” de su implicación en un caso de presunta colusión para la construcción de un gasoducto. Asegura que Barata habría pactado con el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para defraudar al Estado en beneficio de intereses particulares.
En ese sentido, Kauffmann calificó la orden de prisión como una “violación” del tratado bilateral de cooperación entre Brasil y Perú, ya que, según él, Brasil se comprometió a proporcionar pruebas sobre el caso Odebrecht con la condición de que no se usaran contra ciudadanos brasileños que colaboraran.
A pesar de que Brasil no extradita a sus ciudadanos, las autoridades peruanas planean solicitar un arresto internacional a través de Interpol, lo que podría llevar a la detención de Barata en otros países.
La defensa del exdirector de Odebrecht, quien reside en Brasil, busca revocar la orden de prisión en Perú y prepara acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la policía internacional para evitar que se tramite la solicitud de arresto.
Durante su colaboración, Barata realizó más de 60 declaraciones que fueron cruciales para las investigaciones sobre la financiación irregular de campañas electorales de cuatro expresidentes peruanos: Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. También confirmó coimas a la exalcaldesa Susana Villarán. Ante este nuevo escenario, no podrían ser usadas.
Sin embargo, la Corte Suprema de Brasil invalidó parte de las pruebas utilizadas contra Humala y Keiko Fujimori, al considerarlas “contaminadas”.
NULIDAD
A estos se suma que, según se informó ayer, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió anular la revocatoria de los beneficios penales que goza el exdirectivo de Odebrecht en Perú.
En julio pasado, la jueza Margarita Salcedo acogió el pedido del fiscal José Domingo Pérez para dejar sin efecto el acuerdo suscrito en 2018 por el Ministerio Público y el exejecutivo brasileño.
El tribunal cuestionó a la magistrada por tomar esa postura sin haber requerido el acuerdo de colaboración para constatar cuáles eran las cláusulas y si, efectivamente, existió una vulneración por parte del procesado.
«Al respecto, este Superior Colegiado no cuenta con el acuerdo de colaboración eficaz ( por tener la naturaleza de reservado) para verificar la existencia de la fase de negociación y trato directo previo a la presentación del requerimiento de revocación de beneficios de colaborador eficaz, por lo que debió ser materia de discusión explícita en la respectiva audiencia tanto la existencia de la referida fase, el tiempo de la misma y la forma de su conclusión, así como verificar si existió o no indagación previa a la que se hace referencia el inciso 1 del art. 480 del CPP, por ello este agravio también debe declararse fundado», se lee en el fallo emitido el 19 de septiembre.
César Nakazaki, abogado del empresario, alegó que en la colaboración suscrita se estipulaba una «fase de negociación y trato directo» cuando surgiera un impase entre las partes. En su criterior, esa etapa no existió y fue la Fiscalía la que pateó el tablero.
En consecuencia, la sala presidida por el juez Ramiro Salinas ordenó que el pedido del fiscal Pérez sea evaluado nuevamente por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
“MP y Procuraduría Pública deben cumplir con obligaciones que asumieron para usar pruebas de Brasil”, indicó Nakazaki.
