VALERIA PONCE

El almirante en retiro Jorge Montoya Manrique presentó una denuncia judicial contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por lo que considera una disposición ilegal para afectar el fondo de garantía de pensiones militar-policial, incluido en el crédito suplementario de cerca de S/10,000 millones aprobado por el Congreso el 14 de julio.

– ¿Qué hizo exactamente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y qué omitió, en la elaboración del presupuesto 2026 que generó este vacío para el segundo semestre del año?

La narrativa contada por el ministro de Economía y Finanzas del gobierno anterior fue que los fondos solo alcanzaban hasta junio, que no había presupuesto para julio, y que había que ver cómo pagar las pensiones. Eso es inaceptable. Los presupuestos se trabajan anualmente, no por mes, así que cuando dice que «no tenía los fondos», yo no le creo: debe haberlos empleado en otros temas y no en cumplir lo que debía cumplir. Los fondos pensionables están cautelados por ley; solo pueden usarse para el fin destinado, no para otro. Eso tiene que investigarse, para saber qué sucedió con el dinero que estaba puesto para el pago de pensiones y que ya no estaba disponible en julio.

– El 14 de julio el Congreso aprobó un crédito suplementario de cerca de S/10,000 millones. ¿Qué parte específica de esa norma afecta directamente el fondo de pensiones militar-policial y por qué la considera ilegal o antitécnica?

En ese fragmento presupuestal, aprobado formalmente como un trámite de rutina entre el Congreso y el Ejecutivo, se le da la orden al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior de tocar el fondo de garantía que corresponde a los ahorros de los oficiales y del personal más joven, sujetos a la Ley N.º 1133. Eso que figura ahí es inconcebible: que el Estado le ordene a otra parte del propio Estado actuar de forma ilegal. Eso debe ser ilegal, definitivamente. Nos sorprendió sobremanera esa disposición, sobre la cual ya presenté una denuncia ante el juzgado correspondiente, de acuerdo con el procedimiento legal. El juez tiene tres días para pronunciarse; sin embargo, han pasado dos semanas y no se ha pronunciado hasta la fecha. Llama la atención, definitivamente.

– ¿A qué cree que se deba todo este interés del MEF en tocar estos fondos?

No lo sé con certeza. Uno se pone a pensar y puede ser para obra pública, donde la corrupción suele navegar al costado, para consultorías, o vaya uno a saber para qué. Son 275,000 millones de soles; el propio ministro dijo en un momento que era casi lo mismo que se necesitaba para El Niño [fenómeno de El Niño]. Imagino que hay algún interés de obra, de asignación de recursos o de ganancias, que habría que analizar.

Debe investigarse por qué el MEF tiene interés en retirar fondos ya asignados a pensiones para usarlos en otros fines. También ha dicho que este año no tenía fondos asignados en el presupuesto para pensiones, y ahí está mintiendo, el presupuesto se aprobó el año pasado y todo el año estaba considerado el tema de pensiones y sueldos. Eso no se deja de lado, es prioritario. Constitucionalmente el pago de pensiones y sueldos es prioritario, así que no entiendo el lenguaje que emplea el ministro de Economía. Es una persona inteligente; no es que desconozca el tema, sin embargo, lo que dice no coincide con la realidad.

– ¿Por qué el Colegio de Economistas se ha pronunciado sobre un tema que usted considera esencialmente militar y técnico-actuarial, y qué opina de su rol en este debate?

Llama mucho la atención que el Consejo Fiscal, a fines de mayo, sacara un informe con un sesgo definido para desvalorizar la imagen de las Fuerzas Armadas, hablando de temas que no son reales. Habla de una «pensión vitalicia» cuando no es así, lo que se recibe al pasar al retiro no es el sueldo completo, sino un porcentaje, alrededor del 70%, un 30% menos de lo que gana quien está en actividad. Es un informe lleno de errores y de malas intenciones. Presenté una carta de más de veinte páginas pidiendo explicaciones, que no ha sido respondida.

Luego el ministro de Economía actual salió a decir que apoyará la acción de inconstitucionalidad y que, si hace falta financiarla, lo hará. Y el presidente del Consejo de Competitividad declaró lo mismo: que financiarán al Colegio de Economistas para presentar esa acción. […] ¿Por qué el interés del Consejo de Competitividad, financiado por diecisiete grandes empresas del país, del Colegio de Economistas, que agrupa a economistas de todo el país pero que en la práctica manejan unos cuantos, y del Consejo Fiscal, que también tiene sus propios intereses económicos conocidos, en ponerse de acuerdo para atacar a la Fuerza Armada? Es lo que no logro entender. Tenemos un sistema de pensiones regido por ley; no hay nada ilegal en su conformación. Lo que hay es una voluntad de destruir el sistema pensionable de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que parte directamente del MEF y genera incomodidad en toda la familia militar-policial, justo cuando el país afronta una tragedia y la Fuerza Armada es un pilar fundamental de soporte.

Sin embargo, tenemos a un ministro de Economía que se burla del trabajo de las Fuerzas Armadas y habla con irresponsabilidad al decir que va a financiar el ataque contra ellas. Para mí es algo realmente lamentable.

– ¿El debate presupuestal se podría deber quizás a alguna intención política?

También podría ser una intención política. Vamos a ver cómo se define esto. Los ministros del Interior y de Defensa deberían actuar en defensa de las Fuerzas Armadas, no de los intereses económicos del ministro de Economía.

– ¿En qué se diferencia estructuralmente el sistema de pensiones militar-policial del régimen de pensiones público general, y por qué no pueden aplicarse las mismas reglas de sostenibilidad fiscal?

Porque son dos temas totalmente distintos. El régimen laboral de las Fuerzas Armadas es único; no existe otro igual en el sistema, y por lo tanto requiere condiciones especiales, las que le da el sistema que contempla la Caja de Pensiones Militar-Policial. La intención original era crear un fondo que se autoalimentara de sus propias inversiones financieras para pagar las pensiones. Sin embargo, el Estado redujo los aportes desde 1979, del 24% al 12%, tanto en la parte del empleador como del pensionista, y con eso el sistema llegó a la quiebra.

El estudio actuarial vigente en su momento ordenaba un aporte del 27% entre empleador y pensionista. No se cumplió desde el inicio, y desde el inicio se sabía que esto iba a quebrar en algún momento. Cuando empezaron a pagarse las pensiones, se dieron cuenta de que no iba a alcanzar, por una irresponsabilidad que tiene visos de delito, con fondos previsionales que no se cuidaron como debían cuidarse.