Entregar de pasaporte y celular es una broma de mal gusto a la democracia

El ex candidato de Renovación Popular, Jorge Solís, formuló hoy una dura acusación contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, señalando que, en su opinión, sus decisiones “colocan a una persona por encima de las leyes y la Constitución”.

“En alguien más poderoso que las leyes y la Constitución, en el Perú, se ha convertido Piero Corvetto”, afirmó Solís, quien sostuvo que, según su interpretación de la Ley Orgánica de Elecciones del Perú y el Código Penal, cualquier acción que impida u obstaculice el normal desarrollo del proceso electoral constituye un delito. En esa línea, aseguró que los hechos ocurridos el 12 de abril “deberían ser evaluados por las autoridades competentes por su posible carácter penal”.

“Lo ocurrido no solo es indignante, sino que resulta difícil de encontrar incluso en contextos históricamente cuestionados por su falta de garantías democráticas. Estamos ante hechos que, desde nuestra perspectiva, afectan directamente la voluntad popular”, agregó.

Asimismo, Solís cuestionó la actuación de la ONPE y señaló que diversas observaciones difundidas públicamente apuntarían —según indicó— a situaciones registradas en etapas y jurisdicciones clave del proceso electoral, lo que habría generado dudas sobre los resultados administrados por la entidad.

En ese contexto, hizo un llamado urgente a la realización de una auditoría digital integral del proceso electoral, así como a la revisión de los contratos suscritos por la ONPE con sus proveedores, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Especialistas en materia electoral han reiterado que toda denuncia debe ser investigada con rigurosidad por las instancias correspondientes, con el objetivo de preservar la confianza en el sistema democrático.

Asimismo, se ha enfatizado la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control, asegurando que cada fase del proceso electoral se desarrolle conforme a la normativa vigente.

Diversos analistas coinciden en que la legitimidad del sistema electoral depende no solo del cumplimiento de las normas, sino también de la confianza ciudadana. En ese sentido, se considera fundamental que las autoridades brinden información clara, verificable y oportuna.

Finalmente, Jorge Solís señaló que la ciudadanía tiene el derecho de expresarse y movilizarse en defensa de sus libertades y de la democracia, frente a cualquier amenaza que pretenda debilitar la voluntad popular. “El Perú debe mantenerse unido en la defensa de las libertades, la transparencia y al respeto irrestricto a la voluntad popular frente al fraude, concluyó.