Pablo Carranza
– ¿Qué le parece que hayan autorizado el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China?
Bueno, es una contradicción porque por un lado tenemos a una presidenta que dice que se preocupa de los más pobres y de la reactivación económica, sin embargo, ella y sus ministros son los más viajeros de este siglo. Ahí hay una inconsistencia que indiscutiblemente forma parte del conjunto de desatinos de los cuales es protagonista Dina Boluarte.
– Pero ¿no sería acertado ello considerando que China es el primer socio comercial del Perú?
Pero, sin necesidad de ella, ya los primeros lineamientos del Tratado del Libre Comercio y el Intercambio Comercial se viene haciendo desde hace 18 años ¿no? desde el primer gobierno Alejandro Toledo. Entonces, ahora más bien lo que ella tiene que hacer es mejorar la competitividad de las empresas peruanas. Los mercados ya están, lo que falta es la competitividad y ¿cómo se mejora? Fundamentalmente, con la seguridad ciudadana e infraestructura y en ambos casos el gobierno de Dina Boluarte es un desastre.
– ¿Qué opina sobre la ley que pretende establecer la prescripción en delitos en lesa humanidad?
Ahí nos damos cuenta de cómo ha estado vendiendo un sector, los medios de comunicación locales ¿no? No se trata de una cuestión de prescripción, se trata de una cuestión que tiene que ver con la oportunidad de la medida y en el momento en el cual se ejerció la falta y desde cuándo rige para el país. De acuerdo al protocolo de Roma del año 2002, eso ha generado gran confusión. Acá no se está iniciando ni perdonando a nadie. Se están viendo las cosas tal y como la jurisprudencia y la judicatura lo tiene desde el año 2002. Allí había un vacío que este Congreso ha llenado.
– Y ¿Qué dice sobre la aprobación de la reelección de autoridades locales y regionales, así como la eliminación de los movimientos regionales, y otras normas de carácter político?
Bueno, son tres ideas y cada una tiene implicaciones distintas. No es una intervención. El Congreso puede legislar sobre cualquier poder del Estado sin ningún problema. Esa es una facultad. No es como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, que estemos de acuerdo o no es otra cosa. Los Congresos en el Perú han impulsado la reforma del sistema de justicia. Allí no está ese mamarracho llamado Junta Nacional de Justicia. ¿Dónde se hizo? ¿No fue en el Congreso por imposición del señor Martín Vizcarra? Esa es una demostración de que el Congreso ya antes ha legislado sobre determinadas instancias del Estado y eso no significa ni golpe ni intervencionismo. Es su función. Ahora, en el plano electoral yo estoy de acuerdo con que los movimientos regionales sean eliminados. Acá hay un gran desconocimiento de todos los movimientos regionales. En algunos casos son cáscaras que compran empresarios que pueden ser legales o ilegales para colocar autoridades que luego trabajen en beneficio de ellos. Ya había degenerado ese sistema. Gente que podía recibir dinero de la minería y tal o de cualquier otro tipo de tráfico se beneficiaba de ventaja encima de otros candidatos. Entonces, eso es algo que se tenía que normar y a tal punto llega gente desconociendo la ley que ni siquiera saben que los movimientos regionales o locales, una vez que termina el proceso electoral, desaparecen. Ya no tienen nada que hacer. Entonces, debe estar la fiscalización a sus militantes, el seguimiento, el orden, el control. No existe porque simplemente desaparece el movimiento regional. Yo creo que era una medida necesaria y no hay que verla como pretenden los dueños de los movimientos locales y regionales que es por algo en contra de ellos. Lo que se está haciendo es normar la situación.
– ¿Usted está de acuerdo con que se reemplace la Junta Nacional de Justicia con la Escuela Nacional de la Magistratura?
Se está reemplazando y no olviden que la Junta Nacional de Justicia a su vez reemplazó al ex Consejo Nacional de la Magistratura. Y hemos visto durante este tiempo, desde el año 2019, que no ha funcionado. Ha estado altamente cuestionada y politizada. El modelo no funciona y yo lo dije en el debate en esa época en la Comisión de Justicia. La estructura, cómo está diseñada la JNJ, la va a llevar al fracaso y el tiempo me da la razón. La estructura está conformada por una serie de instancias presididas por el Defensor del Pueblo, los Colegios Profesionales, la Judicatura, para elegir directamente a jueces y fiscales. Antes, a través del Consejo Nacional de la Magistratura, también había una división plural, pero era a través de concursos y capacitaciones que se llegaba a elegir los jueces. En la actualidad, con este proyecto piensa cambiarse a una escuela en la cual también se formen a las personas que tienen deseos de ingresar a la carrera judicial y obviamente los mejores llegarán. En la actualidad, la JNJ simplemente es una especie de ‘headhunter’. “Manden su currículum y nosotros decidimos”. No pues. Ellos tienen que tener un rol mucho más profundo como entidad clave en el sistema de justicia y eso no lo había.
– La Corte Suprema evaluará si ordena el impedimento de salida del país por 36 meses contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cree que estaría bien justificado?
Es venganza, es ensañamiento. Estamos viendo cómo tanto Susana Villarán como Nadine Heredia pueden irse de viaje cuantas veces se les de la gana y no pasa nada, o la gran cantidad de personas del entorno de Susana Villarán que ya se encuentran en juicio y no pasa nada. En este caso específico que estamos viendo de Patricia Benavides que lo que hay es un ensañamiento político de parte de la Junta Nacional. Eso ya no se trata de ninguna manera de una medida legal que tenga asidero en el proceso de justicia. Se trata de una medida personalísima, politizada, que lo que busca es perjudicar el futuro de la señora Patricia Benavides.
