Francisco Chirinos Soto.
Haciendo un poco de humor negro, me permitiría traer a mi comentario semanal esa frase del ingenio y habla populares que dice que al inventor del carrusel le dieron su vueltecita, para definir un caso en el que a alguien le hayan hecho probar obligadamente su propia medicina. Eso es lo que ha ocurrido hace pocos días en el Palacio de Justicia, en que los abogados del Ilustre Colegio hemos sido puestos de patitas en la calle por determinación de los dueños de ese octogenario edificio que se llama Palacio de Justicia.
En efecto, los ambientes que ocupaba el Colegio en el cuarto piso del Palacio de Justicia –casi la totalidad del piso- fueron desocupados a la fuerza en un lanzamiento como los que ocurren de cuando en cuando en los barrios de Lima, especialmente en los menos afortunados, en que el ejecutor coactivo del Juzgado, con el apoyo de la fuerza pública, arroja a la vía pública camas, colchones, roperos, maletas y todo el mobiliario de un inmueble que ha sido materia de un proceso judicial de desalojo en el cual el demandante ha ganado la partida.
En el presente caso, el demandante ha sido el Poder Judicial, porque es el dueño del edificio y el demandado ha sido el Colegio de Abogados de Lima que ocupaba, como digo, casi todo el cuarto piso. El Procurador a cargo de la defensa de los intereses del Poder Judicial demandó la desocupación al Colegio, dando por terminada la posesión que éste detentaba desde hace cerca de ochenta años. En un rinconcito poco visible del ingreso principal al Palacio aparece una placa que recuerda que el mismo fue inaugurado por el Mariscal Oscar R. Benavides, entonces solamente General y Presidente de la República, el día 7 de diciembre de 1939, o sea un día antes de entregar el mando al Presidente electo, don Manuel Prado. La ceremonia se efectuó apresuradamente, porque ni siquiera se había concluido la construcción del edificio. Faltaba levantar la torre que sí ostenta el modelo, que fue el Palacio de Justicia de Bruselas.
Pero Benavides quiso inaugurar y lo hizo. Acaso alguna justicia hubo en ello, porque fue construido durante su gestión presidencial, iniciada en 1933, tras su elección por el Congreso Constituyente a raíz del asesinato del Presidente elegido en 1931, General Luis M. Sánchez Cerro.
El cuarto piso fue entregado por el Poder Judicial al Colegio de Abogados de Lima en una figura jurídica equivalente al comodato contemplado en el Código Civil y que consiste en la cesión gratuita del uso y disfrute del bien. El Colegio fue notificado hace algunos años en el sentido de que el Poder Judicial ponía término a esa cesión graciosa del bien y quería recuperarlo. Parece que no hubo respuesta favorable y entonces al Poder Judicial no le quedó más alternativa que demandar.
Y la demanda fue presentada ante un Juez de Lima, en una situación extraña e inusual, en que el Poder Judicial resulta, de alguna manera, juez y parte. Pero no existe otra posibilidad. El Poder Judicial tiene que demandar ante uno de sus jueces y seguir el proceso. El Colegio, según se ha informado, no objetó en ningún momento la competencia y entonces la causa se tramitó hasta el estado en que se encuentra, o sea la fase postrera de ejecución de sentencia.
El espectáculo ha sido penoso. Mejor hubiera resultado un acuerdo alturado entre los rivales para terminar de manera distinta el enfrentamiento. Finalmente, como miembro del Colegio, me ha dolido el suceso y creo que los directivos se excedieron en su celo para la defensa, puesto que habían sido vencidos en juicio.
Felizmente, el Colegio es dueño de un hermoso local, que adquirió siendo Decano el recordado Gonzalo Durant Aspíllaga, quien fuera combatido con injusticia y dureza por haber tomado esa decisión. El edificio ha sido completado con un magnífico auditorio y otros servicios. Por tanto, el Colegio no se ha quedado en la calle…
