Poder judicial ordena medida contra cuñada de Pedro Castillo
El juez Jhonny Gómez, a cargo del Tercer Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción del Poder Judicial, determinó dictar prisión preventiva de 30 meses contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y José Nenil Medina —alcalde de Anguía, al señalar peligro de fuga y obstaculización de la justicia de los investigados.
El magistrado consideró no razonable el pedido de 36 meses por lo que redujo el periodo de la prisión preventiva a 30 meses. La Fiscalía de la Nación se declaró conforme ante la decisión, pero reincidió en que era razonable.
Las defensas de Paredes y Medina interpusieron recursos de apelación en disconformidad con la decisión del juez.
Magistrado señaló que hay sospecha grave de los presuntos delitos que se les imputan: organización criminal y lavado de activos. También determinó peligro de fuga u obstaculización de la justicia.
Sobre la cuñada del mandatario, el juez señaló la inexistencia de un arraigo domiciliario, ni la de un vínculo familiar, todas medidas que no aseguran que Paredes se pueda someter al proceso de las investigaciones.
Además, el magistrado recordó hechos como la llegada de Paredes a la Fiscalía, a la que se acercó rodeada de ronderos, y también la ausencia de la cuñada de Castillo en el Palacio de Gobierno cuando se dictó su orden de detención. Todo esto para buscar una base de peligro de fuga.
Sobre el alcalde el magistrado desestimó los documentos de la defensa de Medina para justificar arraigo. El juez señaló que el tener una hija y desempeñar la labor de alcalde del investigado distrito no son elementos suficientes para brindar la seguridad de su permanencia durante las investigaciones, desestimando los documentos presentados por su abogado, Martín Silva y advirtiendo el peligro de fuga contra el burgomaestre.
Según reveló la fiscalía durante el allanamiento a la casa de Yenifer Paredes en Anguía, Cajamarca, se encontraron 14 sellos de presidentes y tenientes gobernadores de diversas comunidades y de un juez de paz de Anguía, además de documentos sobre trámites para la elaboración de expedientes técnicos y obras.
De acuerdo a la tesis fiscal, la primera dama, Lilia Paredes, habría sido coordinadora de una organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo para otorgar obras de manera fraudulenta.
Por esto, estiman que Paredes podría recibir una pena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad si es encontrada culpable de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
