El polémico abogado Eder Yanil Medina Zelada acumula una denuncia más en su contra, esta vez fue el juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Juan Francisco García Mayorga quien ordenó oficiar al Ministerio Público y al Colegio de Abogados de Lambayeque para que se le investigue por el delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad, así como por las faltas éticas que habría cometido en el ejercicio de su profesión.
Según la resolución judicial N° 525 expedida en el proceso N° 1711-2004 por el juez García Mayorga, el controvertido abogado Eder Yanil Medina Zelada habría acusado sin pruebas al magistrado en mención de haber recibido un millón de soles por expedir una resolución judicial en relación al caso de la azucarera Agropucalá, y asimismo habría incitado a los trabajadores de dicha empresa a cometer disturbios para impedir la instalación de la administración legal de la compañía, tal como sucedió el día de ayer durante la diligencia frustrada.
Sobre el controvertido abogado Eder Yanil Medina Zelada pesan una condena por uso de documentos falsos, y diversas acusaciones de violencia, y uso indebido de armas de fuego.
ANTERIORMENTE:
Recordemos que desde hace unos días El Ministerio Público viene realizando una investigación con carácter reservado a altos mando de la II Dirección Territorial de la Policía Nacional, pues según el documento al que La Razón tuvo acceso exclusivo, dichos funcionarios se habrían coludido con una fiscal, delincuentes comunes y elementos subversivos para consumar la usurpación de la fábrica de azúcar de propiedad de la empresa Industrial Pucalá SAC, así como para evitar que sean desalojados.
Según la denuncia en trámite, un familiar de una conocida fiscal lideraría la invasión de la fábrica, por lo que a través de ella habría conseguido dilatar las investigaciones y retrasar el desalojo de los usurpadores; a su vez esta misma persona, identificada como Oscar Bravo Gamonal sería el encargado de reclutar delincuentes comunes y elementos terroristas para retener mediante la violencia la posesión ilegal de la fábrica y su producción.
