Medida solo regirá por una semana
Ayer la jueza Laurel D. Beeler, de la Corte del Distrito Norte de California, suspendió temporalmente el proceso de extradición —aprobado por el Departamento de Estado— del expresidente Alejandro Toledo, quien busca evitar que el Gobierno de Estados Unidos lo entregue a las autoridades peruanas para que sea procesado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el Caso Interoceánica.
Según la resolución, la magistrada rechazó la pretensión principal de Toledo: suspender la extradición hasta que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito resuelva, en segunda instancia, un habeas corpus con el que busca anular todo el proceso de repatriación.
- Beeler, al igual que en junio de 2022, sí accedió al pedido secundario del exjefe de Estado y ordenó suspender la extradición por un plazo de 7 días o «hasta la fecha en que el Noveno Circuito se pronuncie sobre la solicitud de suspensión del peticionario». Para que esto se concrete, el recurso debe interponer en la instancia superior en el plazo de una semana.
De acuerdo con la resolución, Toledo Manrique se comprometió a presentar su requerimiento de suspensión en el Noveno Circuito «a más tardar» el lunes 27 de febrero. Dicha maniobra legal no fue cuestionada por el Gobierno de los Estados Unidos.
La razón por la que Toledo pidió que se suspenda su extradición al Perú es que podrían dañarlo de forma irreparable por las violentas protestas contra Dina Boluarte y el Congreso.
“Las condiciones son mucho más peligrosas ahora que hace un año. Desde la destitución del presidente Castillo, el país ha estado en estado de emergencia, lo que resultó en la suspensión de varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad de tránsito, la libertad de reunión y el derecho a la privacidad en el hogar”, sustentó Toledo.
En su justificación, el expresidente resalta que en Perú se han observado conflictos violentos, sediciosos y peligrosos, que han devenido en violaciones de derechos humanos; el uso de la fuerza excesiva y letal contra personas indígenas; y la muerte de 48 personas en las últimas protestas.
