Tras reunión con cuestionados personajes en medio del proceso judicial
El caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega sigue trayendo cola, sometido a un proceso judicial y a la venta de sus inmuebles y activos, por culpa de quienes han tomado dicha casa de estudio en los últimos años, tal como se ha informado en ediciones anteriores, donde están involucrados la exadministradora concursal de la Universidad, Yuly Yanni Herrera Llamoca, quien ha sido denunciada ante Indecopi por actos irregulares en su gestión, y tiene como apoderado y representante legal al Sr. Walter Pachas Moore, exprontuariado que ha estado en la cárcel por actos de corrupción.
A esta crítica situación se suma la actuación de la Jueza Titular del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, María del Pilar Tupiño, quien viene admitiendo diversos escritos (expediente principal y expediente Cuaderno Cautelar) presentados por Yuli Herrera, que solicitó la variación de la medida cautelar interpuesta en su contra, además de otras aclaraciones y oposiciones que podrían seguir perjudicando a la universidad y que ahora será resuelto el proceso judicial Contencioso por dicha magistrada.
Lo que causa suspicacia en torno a este caso es que conforme puede desprenderse de la Resolución N° 529-2014-P-CSJLI-PJ de fecha 07 de agosto del 2024, donde se designó a la magistrada María del Pilar Tupiño Salinas en su condición de Jueza Titular del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributario, Aduanero y de Mercado, como Jueza Superior Provisional integrante del Colegiado de la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima; sin embargo, en menos de un mes (específicamente el 29 de agosto del presente), la jueza declinó a su designación sin argumentación sustentatoria alguna, para regresar a su despacho de origen donde actualmente está a cargo de este proceso de la UIGV.
Pero qué habrá motivado a la Jueza Maria del Pilar Tupiño a declinar esta designación, que le proporcionaba no sólo mejores condiciones salariales, sino sumar a su experiencia curricular.
Otro dato clave en esta investigación arroja que dicha magistrada también habría denunciado al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de DDHH, PETICIÓN 1299-13, en la cual se puede leer que “(…) La parte peticionaria denuncia que el Estado se niega a cumplir una decisión judicial que ordena homologar o nivelar los salarios de las presuntas víctimas, en su condición de magistrados y magistradas, conforme a las proporciones que estuvieron previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Detalla que, a pesar de que ya han transcurrido once años desde la citada sentencia, las presuntas víctimas no han recibido los haberes que les corresponderían. (…)”.
Es decir que, dicha magistrada encabezó un grupo de jueces de distintas especialidades que demandaron vía Amparo, a su propia institución y al Estado, ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a efecto de obtener sentencia favorable, expedida, obviamente, por uno de sus pares, que determine el pago de ingentes sumas de dinero por concepto de nivelación, habiendo, inclusive, trabado embargos sobre el erario nacional hasta por más de 500 millones de soles, los mismos que fueron dispuestos, indebidamente, por el Juez Supernumerario José Camargo Cabezas.
Entonces la pregunta salta a la vista, ¿qué conlleva a que una magistrada como la Dra. María del Pilar Tupiño Salinas que denuncia al Estado Peruano para conseguir una mejor remuneración, cuando tiene la oportunidad de percibirla con su promoción a una plaza como Jueza superior, decide declinar a ella?
Fuentes cercanas a dicha casa de estudios nos han informado que al día siguiente de retornar, la Jueza Tupiño recibió en su Despacho al abogado Walter Martín Pachas Moore y a Yuly Yanny Herrera Llamocca, ex Administradora concursal, lo cual es perfectamente verificable con el cuaderno de registro de entrevistas de la magistrada, reunión que entorpece este proceso y es considerado irregular, dado que Herrera Llamoca ya no tiene la condición de Administradora Concursal, menos aún de representante legal de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, razón por la cual se evidencia que tales personas, a la fecha, son ajenas al proceso judicial y a la Universidad, conforme lo ha determinado la Resolución N° 6130-2024/CCO-INDECOPI, emitida por la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI el 10 de setiembre de 2024.
Dichos hechos, preocupan a los alumnos, ex alumnos, docentes y personal de dicha casa de estudios, quienes guardan esperanza de que su alma mater vuelva a tener el realce que años atrás mantuvo y que ahora están pendientes de la actuación de la magistrada Tupiño, porque saben que el destino de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega está en sus manos.
