Incluso a uniformados que recibieron préstamos, señala comandante en retiro Julio Monar Arias

 

VALERIA PONCE

El comandante PNP en retiro Julio Monar Arias, expresidente de Anappomil Grupo Coraje, advierte que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 32561 afectaría al personal de la PNP y las FFAA que ingresó a partir de 2013 y que recién pasará al retiro desde 2043, mientras que los actuales pensionistas de Montepío y del Decreto Ley 19846 no serían alcanzados.

 

— Las cifras oficiales del Consejo Fiscal indican que los regímenes de pensión militar y policial concentran el 50% de los subsidios estatales en pensiones, pese a representar solo el 9% de los pensionistas del país. ¿Cómo le explicaría usted a quien no es policía ni militar que esa proporción es justa y no un privilegio?

El Consejo Fiscal señala que, para la sostenibilidad de las pensiones, debería aportarse el 42%. Actualmente el personal en actividad aporta el 15% y el Estado el 10%. Imagínese si se tuviera que aportar el 42%, ¿con qué viviría el personal? No es posible; somos personas que muchas veces damos la vida por cuidar a los demás. El Consejo Fiscal estimó que el costo fiscal neto adicional supera los 46 mil millones de soles en valor presente, cifra que corresponde al personal que recién se jubilará desde 2043 en adelante y que debería sustentarse con cifras reales. En palabras del coronel del Ejército Sandor Tamayo Ampuero: «Resulta no válido señalar que ese incremento del 4% en el aporte signifique un gasto proyectado de 46 mil millones a futuro; eso resulta inconsistente, no tiene sustento, pero lo presentan de esa forma para impactar negativamente en la opinión pública». Por eso la señora presidenta de la República debería intervenir para mejorar las pensiones de todos en general, a fin de darles mejor calidad de vida a todos los peruanos.

 

— En 2024 su asociación denunció que los congresistas se habían aprobado un bono de 11,000 soles por representación parlamentaria, mientras militares y policías no tenían aumento salarial ni pensionario en 12 años. ¿Mantiene esa comparación vigente hoy, y qué respuesta recibieron del Congreso o del Ejecutivo tras esa denuncia?

Así fue. Gracias al apoyo del almirante Jorge Montoya Manrique, entonces congresista, se presentó una propuesta de incremento de remuneraciones y pensiones, después de 12 años, para los veteranos de guerra, de la pacificación nacional y defensores de la democracia. Con ello se elevó la moral policial y militar de sus integrantes. Gracias a la señora presidenta Dina Boluarte y a todos los que participaron en esta lucha, se logró el pago en cuatro etapas, entre 2025 y junio de 2026.

Sin embargo, falta reconocer a los suboficiales, a quienes el monto no ha favorecido, situación que se hallaba en la propuesta de agosto de 2024 ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta fue además una promesa del exministro del Interior Juan José Santivañez al entonces MEF, en enero de 2025, por ser necesaria para la salud y alimentación familiar. Alcanzaría a 12,153 suboficiales de armas y 431 de servicios, para una remuneración propuesta final de 4,829 soles para suboficiales superiores y de 4,635 soles para brigadieres. Por ello es necesario que se apruebe una norma legal que modifique los porcentajes establecidos en el artículo 19 del Decreto Legislativo 1132. Tengo entendido que la Coordinadora de las Asociaciones Unidas de las FFAA y la PNP, que dirige el coronel FAP Fredy Arias Portugal, viene realizando gestiones al respecto, por lo que se solicita al premier, al ministro de Defensa y al Mininter que evalúen con justicia esta situación, que bien podría atenderse por partes.

 

— El Consejo Fiscal sostiene que la Ley 32561 fue aprobada por insistencia, sin estudio actuarial integral y sin pasar por la Comisión de Presupuesto. Otras normas, como la Ley 31826 sobre Fovipol, también se aprobaron de esa forma. ¿Cree que el mecanismo legislativo es el problema de fondo?

Tengo entendido que la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal indicó que la ley se aprobó por insistencia, obviando las observaciones del Ejecutivo y sin dictamen de la Comisión de Presupuesto ni segunda votación reglamentaria. Y la Ley 31826, sobre Fovipol, también fue aprobada por insistencia y me pareció incorrecto. Esa norma trata sobre la devolución de los aportes al personal policial y militar, que durante años la viene solicitando. El Gobierno de la presidenta de la República, señora Keiko Fujimori, debe intervenir esta institución, devolver el dinero a sus aportantes, policías y militares que hoy lo requieren para atender sus necesidades, y realizar una investigación profunda, que hasta ahora no se ha logrado. El Congreso tiene sus mecanismos legales para promulgar leyes; para eso el pueblo los eligió, incluyendo policías y militares en retiro y en actividad. Son ellos quienes nos representan y deben resolver los problemas cuando el Ejecutivo no lo hace. El Consejo Fiscal señala que esta práctica debilita la institucionalidad fiscal y los mecanismos de control, y que es un precedente peligroso en el caso de las pensiones. Me pregunto por qué el Ejecutivo decidió no llevar esta ley ante el TC y esperar que lo hiciera el Colegio de Economistas de Lima.

Aprobar por insistencia funciona así, el Congreso aprueba la ley y la envía al Ejecutivo; el presidente de la República tiene 15 días para observarla, de forma total o parcial; con la observación, la ley vuelve al Congreso, que puede aprobarla igual con dos tercios de los votos del total de congresistas, sin necesidad de segunda votación; y si se aprueba por insistencia, el presidente del Congreso la promulga y se publica. En el caso de la Ley 32561, el Ejecutivo la observó, pero el Congreso la aprobó por insistencia.

 

— Sobre la devolución de aportes de Fovipol prevista en la Ley 31826 y el reclamo por los aportes al Fonavi entre 1979 y 1988, ¿en qué estado se encuentran hoy esos procesos y cuántos pensionistas están a la espera de esos pagos?

Los excongresistas presentaron un total de diez proyectos de ley, si no es que más, que se encuentran pendientes en la actual Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, por lo que se solicita a sus integrantes agendar el tema de la devolución de los aportes. No hay nada más que hacer, el dinero es de los aportantes, al igual que en el caso del Fonavi. En ambos casos se debe devolver los aportes, incluso a quienes recibieron préstamos para sus casas o terrenos y se les descontó en su momento. Para el caso de Fovipol serían unos 45 mil pensionistas, se debe priorizar el pago a los mayores de la tercera edad.

 

— El TC respalda la demanda presentada por el Colegio de Economistas del Perú (CEP) contra la Ley 32561. ¿Qué diferencia hay entre el impacto de esa eventual sentencia sobre quienes ya cobran pensión y sobre el personal en actividad que aún no se ha acogido a la norma?

La Ley 32561 fue publicada el 22 de marzo de 2026 y modifica el Decreto Legislativo 1133, que regula el régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú. El CEP en su demanda ante el TC, habría señalado tres puntos: primero, que vulnera principios constitucionales, afectando la sostenibilidad financiera del sistema previsional, el equilibrio presupuestario y la igualdad ante la ley; segundo, que se aprobó sin una adecuada evaluación de impacto fiscal y genera obligaciones permanentes para el Estado; y tercero, que vulnera artículos constitucionales, entre ellos los artículos 10, 11 y 12, sobre el derecho a la pensión y la sostenibilidad del sistema previsional; el artículo 2, inciso 2, sobre el derecho a la igualdad; los artículos 77 y 78, de principios presupuestarios; y el artículo 19, que prohíbe a los congresistas crear o aumentar el gasto público por iniciativa legislativa.

Una eventual sentencia afectaría a los futuros pensionistas que ingresaron a la Policía y a las Fuerzas Armadas el 1 de enero de 2013, que están en actividad y que, a los 30 o más años de servicio, pasarían al retiro en 2043. A los actuales pensionistas de Montepío y del Decreto Legislativo 19846 no les alcanza.

 

— Si el TC declarara inconstitucional la Ley 32561, ¿qué mecanismos legales concretos activaría, como parte de Anappomil Grupo Coraje, para proteger los derechos ya reconocidos a los pensionistas actuales?

Primero, debo señalar que el régimen de la Ley 32561 implica sacrificio, en el presente y en el futuro, para la vida de cada integrante de la PNP y de las FFAA, una serie de privaciones y riesgo contra la vida e integridad física en defensa de la democracia y de la sociedad a la que nos debemos. No hay necesidad de señalar, de manera incorrecta, que nuestra pensión renovable no se da en ningún otro país, pues sí se da en Chile, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, Bélgica y otros tantos países. La Ley 32561 modifica con justicia el Decreto Legislativo 1133 y eleva la pensión de 55% a 100%, como corresponde. Todos tenemos los mismos derechos, que provienen de instituciones sagradas; nadie es menos ni diferente.

Por eso cada año se incrementa el presupuesto general. Actualmente hay 160 mil pensionistas del régimen de Montepío y del Decreto Ley 19846, régimen que de manera lógica y razonable tiende a extinguirse cada año, por lo que habría un menor gasto para el Estado. Se tendrán que tomar acuerdos en Asamblea General, conjuntamente con otras asociaciones de las FFAA y de la PNP. Los actuales pensionistas no estamos aludidos en la demanda ante el TC, pero se apoyará a los jóvenes que están en actividad. Los plazos los determinará el TC, pero estaremos atentos y vigilantes. Así lo ha señalado oportunamente el actual presidente de Anappomil Grupo Coraje, comandante PNP en retiro Francisco Quispe Pinto.

 

— Si la reforma pensionaria termina siendo recortada por el TC, ¿qué impacto inmediato tendría eso sobre la calidad de vida de ese sector más vulnerable de sus asociados?

El efectivo policial, al igual que los integrantes de las FFAA, está en permanente alerta. El primero combate la delincuencia que se presenta a diario en una capital de más de 10 millones de habitantes, una población con muchas necesidades que en estos últimos años se ha tornado muy violenta, sin respetar la labor policial. Ahora se cuenta con el apoyo de las FFAA, que tienen más labores ayudando a la población en terremotos y con el fenómeno de El Niño costero y global. Cuando lleguen a la edad de retirarse del servicio, algunos tendrán enfermedades y discapacidades propias de su labor. Es allí donde el Estado tiene la obligación de cuidarlos y protegerlos aún más que antes, y no entablar juicios que lo único que hacen es afectar su salud física y emocional mientras están en actividad. El pueblo necesita de su Policía Nacional y de sus Fuerzas Armadas para lograr el desarrollo que requiere la nación. Se requiere paz y orden, que con el apoyo de la señora presidenta de la República se logrará.