“Es inaceptable que un fiscal investigado por enriquecimiento ilícito persiga la corrupción”, señala
Por: Pablo Carranza
– ¿Qué opinión tiene usted sobre cómo se manejaron los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez en el proceso contra Alan García?
Bueno, yo creo que el manejo estuvo orientado no a una persecución de carácter jurídica por eventuales actos que podrían encuadrar un delito, lo que se traslucía, más bien era una persecución política y una estructura ideologizada en el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público para perseguir a determinadas personas.
– ¿Habrían cometido alguna falta procesal o algún abuso?
Bueno, la gran discusión de la subjetividad con que actuaron en contra del expresidente García estaba basado en que habría cobrado, ya después de haber sido Presidente de la República, unas conferencias que fueron pagadas por una asociación dentro de la cual entre, creo, más de una decena de miembros, si no son más, estaba la empresa Odebrecht y dijeron que ese era el pago de esta compañía, lo cual evidentemente no tenía ningún sustento.
– ¿Era proporcional o necesario la prisión preventiva contra Alan García?
A ver, mire, el Equipo Especial Lava Jato se ha caracterizado por abusar de la prisión preventiva en sus solicitudes. Se ha evidenciado, además, que han transcurrido más de ocho años para sólo tener un solo fallo condenatorio, y además que no es 100% obra de ellos, sino que venía siendo investigado por otras fiscalías, y me refiero al caso de Alejandro Toledo. Por lo tanto, es claramente, desde la perspectiva de resultados, un equipo fracasado, y que lo único que buscaba eran prisiones preventivas más allá de buscar acusaciones y sustentar válidamente sus imputaciones. Entonces, en el caso García, nuevamente, era una evidencia de este comportamiento abusivo, máxime, si García tenía claramente una identificación con los arraigos necesarios.
– Ahora ¿es saludable para el proceso que haya una conexión muy cercana entre los fiscales y algunos medios de comunicación?
Lamentablemente, también se ha hecho más o menos evidente al día de hoy, a partir de las delaciones de un colaborador en otro proceso, que ellos actuaban filtrando información a algunos medios de comunicación y esto es vulneración de la reserva de la investigación. Eso debería merecer que el órgano de control interno abra investigaciones por esos actos absolutamente ilegales. El fiscal es el llamado, por el código procesal penal, a garantizar la reserva de la investigación y el comportamiento de los miembros de este equipo fue exactamente lo opuesto, hacer pública toda la información de carácter reservado. Ellos permanentemente vulneraban la reserva.
– ¿Y por qué hasta ahora, cuando obviamente la parte de la defensa notaba estas irregularidades y presentaban sus quejas ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a estos fiscales nunca los apartaron del caso?
Bueno, evidentemente la JNJ que salió probablemente ha estado conformada por un grupo de personas con una tendencia ideológica muy evidente. De la misma naturaleza a la que representan, desde mi perspectiva, los miembros del Equipo Especial Lava Jato. Yo comencé diciéndole que no fue una persecución jurídica, respecto a buscar justicia, sino una persecución política e ideologizada. Bueno, la Junta respondía a esos mismos intereses ideológicos y, lamentablemente, eso, pues, evidenció la protección que le dieron, porque necesariamente esos comportamientos no sólo debieron haber sido objeto de investigaciones, sino de sanciones de carácter disciplinario.
– Finalmente ¿cómo podría hacer la recientemente juramentada fiscal de la Nación, Delia Espinosa para depurar estas anomalías en el Ministerio Público?
Bueno, lo primero y más importante es hacer un punto de equilibrio respecto a las presencias claramente ideológicas de algunos fiscales, valorar su éxito. Un equipo especial que sólo tiene como objetivo ubicar a determinados agentes de delitos en un solo tipo de circunstancia, que eran los contratos con Odebrecht y con las otras empresas brasileras, con dedicación exclusiva sólo para ello, y que se haya obtenido una condena en tanto tiempo, merece, pues, que haya necesariamente una valoración que implique cambios, cambios en el liderazgo del equipo. Además, transparencia absoluta. No puede ser, pues, que un fiscal que es Pérez que está siendo investigado donde hay informes de los propios peritos del Ministerio Público que dicen que uno de los fiscales, que tiene un desbalance patrimonial y estaría involucrado en actos de enriquecimiento ilícito, que es corrupción, sea el que persiga la corrupción. Esta es una contradicción insalvable, que el Ministerio Público tendría que, desde la perspectiva de la dirección más alta, mostrar transparencia, mostrar coherencia y remover esos fiscales de esos cargos, y que vuelvan a su plaza de origen, porque esas son encargaturas de confianza.
