– Tras debatirse sobre la figura de “terrorismo urbano”, finalmente se aprobó crear el delito de “criminalidad sistemática” ¿Cuál es su opinión?
Lamentablemente la denominación no tiene ningún tipo de posibilidad de ser significativamente importante porque la norma no va a cambiar la realidad. Si usted quiere que la criminalidad descienda, tenemos que apostar por políticas preventivas, políticas disuasivas y eso no pasa de ninguna manera por más normas, tenemos demasiadas normas. Lo que se necesita es un Estado que se comprometa a perseguir la criminalidad, un Estado que establezca claramente una política transversal, multidisciplinaria para poder abordar el tema de manera coherente, que es lo que no existe en el día de hoy.
– ¿Ósea que las nuevas normas no serían efectivas?
No ayuda en nada. Absolutamente en nada. O sea, si yo quiero combatir este fenómeno, necesito integrar las políticas. ¿Qué significa integrar las políticas? Por ejemplo, se necesita desde la perspectiva disuasiva, tener policía en la calle, tener efectivos de las Fuerzas Armadas en la calle, en puntos estratégicos. No cámaras de seguridad. Eso es disuasión. De la mano de la disuasión necesito políticas de carácter preventivo, mecanismos que orienten a generar espacios de integración colectiva para que determinados sectores de la sociedad se integren, determinados sectores se organicen para combatir la criminalidad de alguna manera a través de los comités. Y de la mano de eso necesito que el Estado apueste por el control que significa, por ejemplo, entre otras ideas, impedir que ciudadanos extranjeros que sean indocumentados, que no tengan los papeles de en regla, puedan manejar vehículos motorizados. Evidentemente, en primer lugar, las motocicletas. Además, impedir que hagan transferencias de dinero a Venezuela personas que no están debidamente documentadas y no acrediten sus ingresos legítimos, porque mucho del dinero de las organizaciones criminales se remiten a países donde nacieron esas organizaciones y donde funciona esta organización criminal.
– ¿No representa un problema también que haya descoordinaciones en el trabajo del Ministerio Público con la Fiscalía?
Siempre va a haber roces entre el Ejecutivo y la Fiscalía, entre el Poder Judicial y la Fiscalía. Siempre van a haber roces, porque es natural. Cada uno cumple un rol distinto en el sistema de justicia. Por lo tanto, cada uno tiene que ajustarse a su rol y respetar su rol. Los cambios al código procesal penal de los últimos días han generado más confusión de la perspectiva normativa, y eso tiene que revertirse.
– ¿Por qué hay jueces que absuelven a los ladrones que son capturados en flagrancia? ¿Cuál es la explicación que hay detrás de todo?
La explicación es muy sencilla. El encargado de la pesquisa, de la investigación, como se llama en el argot, el sabueso que persigue el delito desde la perspectiva de la materialización es la policía. Ese sabueso que persigue el delito tiene que estar controlado por la Fiscalía. El juez es un juez de garantías. Si se equivocan ellos, el juez no puede enmendarles la plana porque existe, pues, un principio que es la igualdad de armas en un Estado de derecho. El juez no puede estar a favor de la Fiscalía. El juez tiene que estar a favor de la ley, de la Constitución, de los derechos fundamentales. Y si el fiscal se equivoca, pues es responsabilidad del fiscal. ¿Esto qué significa? Si el juez libera personas que deberían no estar libres. Ese es un error del fiscal. Como al revés, si el juez condena inocentes, responsabilidad de la defensa. Exactamente igual.
– ¿Qué opina del anuncio de nuevas protestas y paros realizados por los transportistas?
Lamentablemente, la protesta de transportistas, eventualmente la de gremios de emprendedores, es una protesta legítima. Hay que dejarlo en claro. Es legítima su protesta. Lo que hay que ser muy específico es señalar que la ley no va a cambiar esa circunstancia, que el debate respecto a las exigencias que hacen estas personas tristemente ha sido objeto de una politización porque, regreso al inicio de la pregunta que me hizo, la ley no cambia la realidad. Le pongamos la ley que le pongamos. Si el Estado no tiene un compromiso, un liderazgo de las esferas más elevada para resolver el tema, va a fracasar.
Medida urgente
“Se debe impedir transferencias de dinero a Venezuela si no se acrediten ingresos legítimos o se tiene documentos en regla”, dijo Rodríguez.
