La Contraloría indica que hay 16 funcionarios que dieron su aprobación y conformidad a trabajos que en realidad no fueron realizados
Entre los años 2015 y 2019, más de 16 funcionarios del Gobierno Regional de Junín ocasionaron un perjuicio económico de más de 9 millones de soles a la región al aprobar y dar conformidad a un contratista por trabajos que no fueron ejecutados o se realizaron de manera deficiente en la construcción de una trocha carrozable.
La Contraloría General de la República fue la encargada de dar a conocer estos hechos en su informe. Se precisó que el perjuicio económico ascendió a 9 millones 362,778 soles, y que la obra consistía en la construcción de una trocha carrozable que conectaba los distritos de Ulcumayo y San Ramón. Sin embargo, en la actualidad, la obra se encuentra paralizada y abandonada.
El contrato para esta obra, que incluía la construcción de 56.344 km de trocha, así como la instalación de puentes, badenes, alcantarillas, entre otros elementos, fue firmado en octubre de 2015 a favor de un consorcio por un monto de 30 millones 307,075 soles, bajo el sistema de contratación a suma alzada.
El Informe de Auditoría N° 15819-2023-CG/GRJU-AC revela que en varios tramos de la vía se llevaron a cabo elevaciones longitudinales que oscilan entre el 13% y el 42%, abarcando aproximadamente 15 kilómetros. Esta cifra supera lo estipulado en el Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, el cual prescribe un máximo de 12% de elevación.
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Este exceso ha convertido la vía en impracticable y no garantiza la seguridad para el tránsito de vehículos de carga pesada, además de no cumplir con los estándares de diseño geométrico.
Además, se han detectado curvas peligrosas y cerradas, lo cual representa un incumplimiento del manual de diseño geométrico. Asimismo, el terreno se encuentra en mal estado debido a la presencia de derrumbes, grandes piedras y vegetación en la carretera.
En relación al levantamiento topográfico, se ha determinado que hay áreas como caseríos y quebradas donde no se llevaron a cabo movimientos de tierra ni excavaciones por parte de la empresa constructora. Esto ha impedido la conexión entre tramos, con un total de 21,040 metros sin intervención.
Cabe destacar que, a pesar de que los planos del expediente técnico exigían estas intervenciones, el supervisor y funcionarios del gobierno regional dieron su conformidad para los pagos, lo cual contraviene la Ley de Contrataciones del Estado.
Todo lo anterior ha resultado en que la vía no pueda ser utilizada, generando un perjuicio económico de 5 millones 699,226 soles debido al deficiente proceso de construcción, y de otros 3 millones 663,551 soles por trabajos que fueron pagados pero no ejecutados. En total, esto suma más de nueve millones de soles.
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