Se consuma persecución política contra los que derrotaron al terrorismo

 

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a 20 años de prisión efectiva al oficial del Ejército en retiro Roberto Emilio Villar Chamorro, por la muerte de ocho personas en el caserío de Cayumba Chico, en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco.

 

El fallo representa un triunfo de quienes buscan encerrar a militares y policías que derrotaron al terrorismo. En la sentencia judicial se inaplicó las leyes de amnistía y prescripción que el Congreso de la República aprobó a favor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que derrotaron al terrorismo.

 

Los hechos ocurrieron en marzo de 1994, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, en un periodo donde los terroristas sembraron muerte y destrucción, y las fuerzas del orden ejecutaron diversos operativos en zonas de emergencia.

 

Según la justicia caviar, Villar Chamorro, bajo el alias de “Capitán Carlos”, lideró una patrulla del Batallón Contrasubversiva Nº 313 de Tingo María que ejecutó a civiles, incluyendo a dos menores de edad y un adulto mayor.

 

Tres años después de estos hechos en Huánuco, Villar Chamorro participó en eloperativo Chavín de Huántar en 1997, la exitosa misión de rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón. Por su rol en aquel comando, el oficial recibió condecoraciones del Estado que hoy contrastan con la sentencia por supuestos crímenes cometidos al inicio de aquella década.

 

El fallo marca un punto de quiebre al inaplicar la Ley 32419, normativa impulsada desde el Congreso para otorgar amnistía a miembros de las fuerzas del orden por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. La defensa de Villar Chamorro solicitó el archivo definitivo del proceso basándose en esta norma, pero el tribunal utilizó la potestad del control difuso para declarar su inaplicabilidad en este caso, advirtiendo una “colisión directa e insalvable” con los principios constitucionales.

 

Tras conocerse el fallo, el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien se ha pronunciado anteriormente sobre el caso de Villar Chamorro, se mostró en oposición a la sentencia, calificándola como un desacato a las leyes vigentes y a la separación de poderes.

 

Dado que el militar se encuentra recluido desde el 10 de junio de 2025, el tribunal dispuso que el cumplimiento de su condena se contabilice hasta el 9 de junio de 2045. El sentenciado deberá cumplir su pena en un centro penitenciario que determine el INPE, bajo los cargos de asesinato calificado.

 

Además de la privación de la libertad, la sentencia fija una reparación civil de 100.000 soles a favor de cada uno de los ocho agraviados. El monto total asciende a 800.000 soles que deberán ser pagados de forma solidaria con el Estado peruano, en su calidad de tercero civil responsable.