Un grupo de congresistas presentaron un proyecto de ley que propone restituir la firma del expresidente Alberto Fujimori en el texto de la Constitución de 1993, la cual fue retirada por odio de rojos y caviares al exmandatario que derrotó el terrorismo, pacificó el país y logró la estabilidad y el crecimiento económico.
Según la propuesta legislativa, su objetivo es «salvaguardar la memoria histórica del Perú» y sostiene que no se puede permitir que una ley borre un hecho respaldado constitucionalmente.
«El proyecto de ley que propone restituir la firma del expresidente Alberto Fujimori en la Constitución Política de 1993 es esencial para salvaguardar la memoria histórica del Perú. No podemos permitir que una ley borre un hecho objetivo y respaldado constitucionalmente (…) Este es un hecho histórico innegable que forma parte integral de nuestra identidad nacional y de nuestro marco legal», se lee en el oficio.
Asimismo, el dictamen asegura que si se acepta la eliminación de la firma del exmandatario, podría surgir una ley que «intente redefinir a Sendero Luminoso».
«Si hoy aceptamos con normalidad que se elimine la firma de un presidente en un documento tan fundamental como la Constitución, mañana podríamos enfrentarnos a intentos de reescribir otros capítulos de nuestra historia. Podría surgir una ley que intente redefinir a Sendero Luminoso, negando su carácter de grupo terrorista que causó profundo dolor y sufrimiento al país, para presentarlo como un partido político revolucionario», agrega el texto.
En esa misma línea, el proyecto de ley indica que esto no implica que el gobierno de Alberto Fujimori deba estar exento de críticas. No obstante, manifiestan que estos cuestionamientos resultan «incómodos, irritantes o inquietantes».
«Lo anterior no implica que Alberto Fujimori Fujimori y su gobierno deban encontrarse exentos de crítica alguna, pues, en armonía con la libertad de expresión, las críticas que se realizan en una sociedad democrática a quienes son o fueron funcionarios públicos, no son solamente válidas sino también necesarias, aunque puedan resultar incómodas, irritantes o inquietantes», menciona el documento.
Además, el oficio afirma que la propuesta no representa egreso alguno para el erario público ni genera perjuicio económico.
«La presente propuesta no colisiona con lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución, en cuanto a la prohibición a las congresistas de crear o incrementar el gasto público, puesto que no representa egreso alguno para el erario público ni genera perjuicio económico», añade la misiva.
