Por: Pablo Carranza
– ¿Cómo califica la demora fiscal en el caso de Susana Villarán?
En realidad, esta investigación es muy controversial por el excesivo plazo que se han demorado en formular una acusación. Se han demorado demasiado tiempo. Y esto es responsabilidad del Ministerio Público, es una investigación que viene desde el año 2017, en que desde la Procuraduría nosotros pedimos el reexamen de esa investigación que por cierto la tenían archivada y la dilataron de manera excesiva. Creo que si no sale el año pasado esta información de que Villarán estaba tomando placenteros baños en una piscina al sur de Lima, pues continuaría así, incluso sin siquiera haberse llevado el control de acusación. Ahora tenemos que ni siquiera se ha iniciado el juicio oral, no tenemos una sentencia y en este momento es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial que no inicia la etapa de juicio oral para tener una sentencia en este caso.
– ¿Por qué el Ministerio Público consideró que en el caso de Susana Villarán no hay organización criminal y en otros casos sí?
En el caso de Susana Villarán existe el delito de asociación ilícita para delinquir. Dado el tiempo en que han ocurrido los hechos, el delito de organización criminal no existía, lo que existía era el delito de asociación ilícita para delinquir y es el delito también por el cual se está investigando a Susana Villarán conjuntamente con el delito de corrupción de funcionarios porque a diferencia de otros, recordemos que ella sí estaba ocupando un cargo dentro de la administración pública o de elección popular, que era la alcaldía de Lima. Entonces, aquí además de asociación ilícita para delinquir que ahora se conoce como organización criminal, en el caso de ella por los aportes de campaña también está siendo investigada por corrupción de funcionarios.
– ¿Por qué cree que el Equipo Especial Lava Jato solamente le ha abierto proceso a Susana Villarán y a José Miguel Castro y no a más exfuncionarios de la Municipalidad de Lima?
En este caso sí hemos visto a una Fiscalía que utiliza un doble estándar de investigación, es decir, con una actuación muy sesgada, porque efectivamente aquí se ha visto que a diferencia de las otras investigaciones, en las cuales se han investigado aportes de campaña, se ha investigado el tipo penal de asociación ilícita para delinquir o lo que ahora se conoce como organización criminal, en donde se han incorporado dentro de las investigaciones a otros personajes vinculados a estas personas que han recibido estos aportes de campaña de estas empresas corruptas. En el caso de Susana Villarán, llama poderosamente la atención que personas que fueron sus colaboradores no hayan sido incorporadas dentro de estas investigaciones, pero principalmente por ejemplo llama la atención cómo se ha archivado la investigación contra Nieto Montesinos y esto ya se sabe gracias al periodista Phillip Butters y al abogado Wilber Medina, ya tenemos acceso al acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht y ahí hemos visto cómo han dado información de actuaciones irregulares de Mariano González, que le han archivado la investigación a nivel preliminar porque ahí la Fiscalía ha tenido una actuación sumamente complaciente y muy pasiva para este personaje, a diferencia de otras personas que han sido sindicadas por esta corrupta empresa Odebrecht de haber recibido dineros ilícitos o haber tenido actuaciones irregulares a favor de la corrupción. Sin embargo, a él le han archivado la investigación y curiosamente sobre estas imputaciones en su contra, esa información no había sido filtrada a los medios de comunicación, como si se había filtrado cuando hacían sindicaciones a otros personajes también vinculados a la política.
– ¿A qué le atribuye la demora en la investigación de la señora Susana Villarán?
Mire son varias investigaciones que están vinculadas al caso de Susana Villarán, y yo creo que esta investigación debe estar en curso en donde también se está implicando a personas como Marisa Glave y a otros que han sido regidores de la Municipalidad de Lima y que han tenido mucha cercanía a Susana Villarán, porque definitivamente también se habrían visto beneficiadas con el dinero que ha recibido Susana Villarán de las empresas brasileñas. Porque Susana Villarán no solamente tiene una investigación en curso en el Equipo Especial Lava Jato, son varias investigaciones que ella tiene en curso dentro del Ministerio Público y de todas maneras tiene que haber una donde estén involucradas esas personas. Yo no creo sinceramente que se haya eximido de responsabilidad a estos personajes.
– ¿Qué le parece que Susana Villarán en estos momentos esté tranquila en su casa?
Bueno, Susana Villarán tuvo una orden de prisión preventiva, pero salió por el tema de la pandemia y finalmente le dan arresto domiciliario por la incapacidad del Ministerio Público de haber formulado acusación penal a tiempo, lo cual ha hecho que este proceso se dilate de una manera sumamente extraña porque ese proceso, en este momento, ya debería tener una sentencia condenatoria y Susana Villarán y su entorno deberían estar cumpliendo una sentencia condenatoria porque es uno de los casos que cuentan con mayor evidencia sobre la corrupción que significó Odebrecht en nuestro país.
– ¿Qué concepto tiene del acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía con las empresas Odebrecht y Aenza (Graña y Montero)?
Bueno, el acuerdo con colaboración eficaz de Odebrecht ha sido demasiado lesivo para los intereses del Estado y lo que más sorprende es que se han tomado acuerdos que están fuera del marco legal como, por ejemplo, los fiscales han creado una famosa cláusula de progresividad que no establece la ley de la colaboración eficaz. Esta la han creado ellos para beneficiar a Odebrecht. Por otro lado, han decidido los fiscales devolver 30 millones que la empresa había pagado como adelanto de las ganancias ilícitas. José Domingo Pérez, que firmó el acuerdo de colaboración, decidió devolverle esto irregularmente, y además decidió finalmente exonerar del pago de ganancias ilícitas a la empresa corrupta Odebrecht, algo nunca antes visto. Por otro lado, jamás se ha visto que la Procuraduría en defensa de los intereses del Estado haya devuelto 524 millones que ya estaban retenidos para el pago de la reparación civil. Entonces, vemos acuerdos totalmente lesivos a los intereses del Estado que nunca antes en la historia de las colaboraciones eficaces se habían visto. Y eso yo creo que tiene que ser investigado por el Ministerio Público y sancionado. Tanto fiscales como procuradores deben dar una explicación al país de por qué se negoció de una forma tan lesiva. Con respecto a la colaboración de Graña y Montero, esta colaboración también fue llevada por el fiscal José Domingo Pérez y también fue un acuerdo lesivo para los intereses del Estado, no tanto en la magnitud como fue en el caso de Odebrecht, porque por lo menos aquí sí exigieron a la empresa Graña y Montero que desista de cualquier pretensión de demandar al Estado peruano, tanto en la vía nacional como internacional, cosa que no hicieron con los brasileños por eso es que nos han demandado ante el CIADI, donde están pidiendo que le paguemos millones de reparación civil, de indemnizaciones.
