La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero cuestionó con firmeza la gestión de Silvana Carrión, exprocuradora ad hoc del caso Odebrecht, y alerta sobre los graves costos generados para el Estado peruano debido a su actuar, al señalar que por su culpa el estado deberá pagar 1,200 millones de dólares por caso Gasoducto.
Ampuero no dudó en afirmar que Silvana Carrión ha defendido más los intereses de Odebrecht que los del Estado. Según Ampuero, Carrión nunca ejerció realmente su rol como procuradora. “Ella ha sido la mejor abogada de Odebrecht, porque nunca defendió los intereses del Estado como se debieron defender”, declaró.
En ese sentido, Ampuero recordó que durante su gestión lograron embargar y asegurar el patrimonio de Jorge Barata y de la corrupta Odebrecht. Sin embargo, resaltó que la procuradora nombrada por la exministra Marisol Pérez Tello, junto con otros abogados, solicitó que se levantaran esos embargos, permitiendo que Barata recuperara sus bienes.
CONSECUENCIAS
Asimismo, Katherine Ampuero manifestó que la gestión de Carrión favoreció a Odebrecht en el litigio del gasoducto, un caso que podría costarle al país cerca de 1,200 millones de dólares. Aunque la procuraduría logró recuperar $310 millones, Ampuero considera a esa suma como mínima frente a la deuda total y la ineficiencia demostrada.
Finalmente, remarcó que tanto Carrión como el exprocurador Jorge Miguel Ramírez no lograron cerrar un acuerdo eficaz que proteja al Estado, permitiendo que la corrupta empresa brasileña imponga condiciones gravosas. “Por su culpa y la del exprocurador Ramírez, vamos a pagar cerca de 1,200 millones de dólares que está pidiendo Odebrecht”, sentenció.
DECISIÓN
El Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado decidió cesar a Carrión de su puesto tras una serie de escándalos que la vincularon a conflictos de interés y el uso indebido de recursos públicos. La abogada fue objeto de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que puso en duda su imparcialidad en la defensa de los intereses del Estado en el caso Lava Jato, uno de los más relevantes en la historia reciente del Perú.
