Por: Pablo Carranza
– ¿Qué opina de la elección de Delia Espinosa como nueva Fiscal de la Nación?
Bueno, la doctora Delia Espinosa es una fiscal conocida del sistema anticorrupción, tiene muchísimo tiempo laborando en el Ministerio Público, así que hay una experiencia comprobada. En cuanto a ella, yo creo que la mayor parte de los ciudadanos estamos esperando muchas cosas. Dentro de ellos una reestructuración dentro del Ministerio Público, que realmente cambien la imagen del Ministerio Público ante la ciudadanía con fiscales que realmente persiguen el delito de manera objetiva, investigaciones sin sesgos. Eso es lo que queremos y no queremos fiscales lo más alejados. Entonces, estamos esperando esos cambios que se hacen muy necesarios dentro del Ministerio Público. Claro que para cualquier Fiscal de la Nación que asuma es muy complicado porque dentro de la misma Junta de Fiscales tenemos a un fiscal supremo, el doctor Pablo Sánchez, quien está investigado por serios hechos de corrupción y está ahí como fiscal supremo, ejerciendo el cargo y muy cerca de los demás fiscales supremos y también de la Fiscal de la Nación. Esperemos que en este caso específico sepamos cambiar la independencia.
– ¿Usted cree que ella pueda tener la convicción para reformar el Ministerio Público?
Como le digo, ella es una persona que ha trabajado muchísimos años dentro del Ministerio Público, conoce el Ministerio Público, sabe dónde están las deficiencias, las irregularidades y creo que a partir de ese conocimiento puede hacer los cambios que la ciudadanía espera. Así que esperamos que eso ocurra, pero como le digo, va a ser muy complicado teniendo ahí a un fiscal supremo que también votó por ella y que está seriamente cuestionado con investigaciones por corrupción.
– ¿En qué falla el Ministerio Público en la lucha contra la inseguridad ciudadana? ¿Qué cree usted que debería corregirse?
Lo que debería corregirse, justamente, es el trabajo coordinado y conjunto entre los fiscales y la Policía Nacional. Lamentablemente, cuando entró en vigencia el actual Código Procesal Penal, en vez de ver un trabajo conjunto y coordinado entre el Ministerio Público y la policía, lo que vimos es mucha competencia entre ellos, mucho conflicto entre ellos, porque la Policía sintió que le estaban recortando facultades, recortando atribuciones frente a los fiscales. Y, al final, ante esta falta de coordinación y trabajo conjunto, los que han salido ganando son los delincuentes, ya que en muchos casos, debido a esa falta de coordinación, no se han logrado investigaciones rápidas, investigaciones profundas, sino que han terminado muchas veces en dilaciones que han causado mucha injusticia.
– ¿Qué se puede hacer con los jueces que a veces dejan salir a las personas que han sido capturadas en flagrancia?
En el Congreso de la República tienen que ver las modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público y Poder Judicial, que plantean sanciones como faltas graves e inhabilitaciones para aquellos malos magistrados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, cuando irregularmente dejan libres a estas personas que, por ejemplo, han sido detenidas en flagrancia delictiva. Esa es una manera de poder corregir estas irregularidades que se puede dar tanto dentro del Ministerio Público como del Poder Judicial. Pero una reforma importante y que se hace necesaria, que sea planteada, sea por el Ministerio Público, sea por el Poder Judicial o sea por los mismos congresistas, es que las diligencias preliminares tienen que tener un plazo. Actualmente la ley señala 60 días, pero sin embargo deja a decisión y a la facultad del Ministerio Público el poder ampliar estas diligencias preliminares, me refiero a ampliar el plazo, de acuerdo al criterio que tenga el fiscal, que dice de acuerdo a la complejidad del caso. Hemos visto, y lo estamos viendo y experimentando constantemente, que los fiscales hacen un ejercicio arbitrario y abusivo de estas diligencias preliminares. Es muy importante y yo espero que más adelante sea eso propuesto.
Sanciones
“En el Congreso deben ver modificaciones a Ley Orgánica del Ministerio Público y Poder Judicial, que plantean sanciones como faltas graves e inhabilitaciones para aquellos malos magistrados”, señaló Ampuero.
