Mano dura al estilo Bukele
En el marco de una estrategia integral para enfrentar con puño de hierro la creciente ola delincuencial que impacta al país, el Poder Ejecutivo ha puesto en marcha un ambicioso plan enfocado en la ampliación y modernización de la infraestructura penitenciaria nacional.
La medida se da en vísperas del viaje que realizará la mandataria Keiko Fujimori a El Salvador este próximo 29 de octubre, donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente Nayib Bukele para abordar temas de seguridad ciudadana y modelos de contención del crimen organizado.
Como pieza clave de este despliegue, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) suscribieron un trascendental convenio marco de cooperación interinstitucional. El objetivo fundamental de esta alianza es acelerar la identificación, formulación y ejecución de proyectos de inversión pública bajo mecanismos de participación del sector privado, tales como Obras por Impuestos, Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos.
Durante la ceremonia oficial, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio Castro, firmaron además un acta de compromiso estratégico para articular acciones operativas inmediatas.
El acuerdo permitirá canalizar capitales privados para financiar infraestructura penitenciaria de máxima seguridad, garantizando una respuesta oportuna frente al hacinamiento crítico que afecta actualmente al sistema carcelario. La modalidad de Obras por Impuestos, que ya cuenta con antecedentes aplicados al acceso a la justicia y servicios de defensa pública, se perfila como la herramienta central para construir nuevas prisiones de forma rápida y eficiente.
Paralelamente, la alianza fortalecerá las competencias técnicas de los funcionarios del Minjusdh en la gestión y administración de proyectos de gran escala, optimizando los plazos normativos y la ejecución presupuestal.
Con este plan de contingencia, las autoridades buscan enviar un mensaje firme frente a la criminalidad: las prisiones serán espacios de estricto encierro, sin espacio para beneficios procesales o tratos preferenciales para delincuentes de alta peligrosidad.
A la par del fortalecimiento coercitivo y el control riguroso dentro de los establecimientos penales, el titular de la cartera enfatizó que la infraestructura proyectada también debe cumplir con los estándares orientados a la rehabilitación social de aquellos internos que cumplan su condena y busquen reinsertarse dignamente en la sociedad.
«Necesitamos construir cárceles que permitan a aquellos que han delinquido reinsertarse en la sociedad, en el seno de sus familias y tener un nuevo proyecto de vida que les permita crecer y desarrollarse con dignidad humana», manifestó el ministro Álvarez durante su intervención.
Con la firma de este convenio, el Gobierno sienta las bases operativas de un plan que alinea el fortalecimiento de la capacidad penal con las prioridades de la agenda internacional en materia de lucha contra la delincuencia.
