Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y candidata presidencial de ese partido, calificó de «inaudito» que su agrupación política deba asumir el costo de más de S/ 17 millones por copias certificadas de las listas de electores de la segunda vuelta de los comicios generales del 2021.

«Lamentamos tres cosas. Primero, que se haya demorado 5 años para poder, supuestamente, tener acceso a un documento que debe ser público, 5 años. En segundo lugar, la información a la que podríamos tener acceso es incompleta. Y, en tercer lugar, acá es algo inaudito que para conocer la verdad y tener información transparente piden que el partido pague 17 millones de soles. Esto, para nosotros, es imposible», sostuvo.

Minutos antes, Fuerza Popular emitió un pronunciamiento en sus redes sociales, en el que expresó su protesta por tener que asumir dicho costo.

En la víspera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó a la opinión pública que acataría el reciente fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dispuso que la referida entidad electoral entregue al partido fujimorista dicha información.

La ONPE indicó que lo solicitado se entregaría «en formato digital […] en el más breve plazo». Sin embargo, acotó que la información en físico comprende «alrededor de dos millones y medio de páginas, y cada una de ellas tendría que ser certificada», lo que implicaría un costo de más de S/ 17 millones que, acorde a la resolución judicial aludida, «debe ser cubierto por la parte demandante».

Ante ello, Fuerza Popular indicó «su más firme protesta» a lo que calificó como «condiciones impuestas para el acceso a información clave sobre las últimas elecciones», entre ellas la «barrera económica superior a los 17 millones de soles para acceder a dicha información».

«La transparencia no puede tener precio. Rechazamos que se pretenda obligar a pagar como si conocer la verdad fuera una multa», indicaron.

RECHAZA EXCLUSIÓN

Asimismo, el partido liderado por Keiko Fujimori consideró «inaceptable» que el «acceso» a la información que pidieron «siga estando limitado».

Vale señalar que, según información de la ONPE, las listas de electores contienen «datos sensibles» de la ciudadanía -como nombres y apellidos completos, números de DNI, firmas y huellas digitales- por lo que «hacer público su conocimiento infringiría la Ley de Protección de Datos Personales». Por ello, la entidad anunció que, «antes de entregar las listas», adoptaría «un nivel de protección» de dichos datos «mediante el procedimiento de anonimización (tacha o supresión)» previsto por la normativa indicada.

No obstante, Fuerza Popular indicó que «se pretende entregar información parcial, excluyendo datos que reducen la posibilidad de un control ciudadano efectivo».

Cabe indicar que, el pasado jueves, el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio de Lima ordenó a la ONPE que entregue a dicha agrupación política las listas que abarcan un total de 18 856 802 electores. La disposición, según la entidad electoral, indica que se debe suprimir «la información correspondiente a la fotografía, la firma manuscrita y la huella dactilar de dichos ciudadanos».

Dicho proceso judicial se llevó en el marco de la narrativa de Fuerza Popular respecto a un supuesto fraude electoral que, según el partido, se habría cometido contra Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, pese a que ello no pudo demostrarse en instancias judiciales ni en una comisión del Congreso creada para encontrar pruebas que respalden dichos alegatos.