Juez Víctor Zúñiga ordena que lideresa de FP regrese 15 meses a prisión. Poder Judicial le da plazo de dos meses a Fiscalía para acusar a excandidata presidencial.
El juez Víctor Zúñiga aceptó el pedido, del fiscal José Domingo Pérez, de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien había recuperado su libertad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado como fundado el hábeas corpus que presentó su hermana Sachi Fujimori.
Los tres requisitos para la prisión preventiva se cumplen. Para el magistrado existen graves y fundados elementos de convicción de la investigada con los delitos imputados, obstaculización de la justicia y la eventual pena, en una futura sentencia, supera los cuatro años.
En la resolución del pedido fiscal, Zúñiga indicó que hay una sospecha grave sobre que Keiko incurrió en los actos de ocultamiento y conversión del dinero ilícito de Odebrecht, que ingresó a Fuerza 2011, y que como presidenta del partido político conoció las transferencias.
Asimismo, el juez estableció que existe sospecha grave de que Keiko Fujimori coordinó los actos de obstrucción a la justicia, a través del Estudio Oré Guardía. Dicho estudio habría coaccionado a los testigos para que declaren ante la fiscalía haber aportado al partido, según las pesquisas.
En ese sentido, indicó que Keiko Fujimori no tiene arraigo laboral, por lo que se cumple otro presupuesto para su decisión.
El magistrado tomó en cuenta los testimonio de Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, Jorge Yoshiyama, Rolando Reátegui, Antonieta Gutiérrez Rosati (extesorera), y colaboradores eficaces. En total, más de 60 personas declararon ante el fiscal Pérez.
El juez Víctor Zúñiga consideró que existen graves sospechas de que Fujimori incurrió en actos de ocultamiento y conversión del dinero ilícito de Odebrecht.
ACUSACIÓN
El juez también ordenó a la Fiscalía a acusar a la excandidata en un plazo de dos meses.
Durante la lectura de su resolución, señaló que en plazo de 15 meses debería iniciar ya el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.
“Se espera que en cinco meses dure la etapa intermedia (control de acusación), como señaló el Ministerio Público, dado la complejidad de la causa y los numeras personas que vienen siendo investigadas. En igual atención se podría prever que en ocho meses se podría pasar con el desarrollo del juicio”, anotó el magistrado.
AJUSTICIAMIENTO
Tras conocerse la decisión, se difundió en sus redes sociales un video que había grabado minutos antes, en el que señalaba que la prisión preventiva “no es justicia”, sino que es parte de una “venganza política” en su contra.
Consideró, en esa línea, que ha sido privada de su libertad «a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo en mi contra».
“Esto no es justicia, esto es ajusticiamiento y venganza política promovidos por muchos intereses que se suman o ONG que manipulan y chantajean al Poder Judicial, ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política, algunos medios y periodistas que viven de la persecución y un Gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar su fiscalización”, sostuvo Fujimori Higuchi.
PEDIDO
La excandidata presidencial indicó que tras conocer la decisión del Poder Judicial tomó la decisión de entregarse, de pedirle a su esposo Mark Vito Villanella que «presente su caso a gobiernos extranjeros y organismos internacionales», y de responder políticamente a lo que dijo que es «una persecución política en su contra».
«No puedo quedarme de brazos cruzados frente a esta segunda prisión preventiva después de haber actuado de manera prudente todo este tiempo. Lo único que pido es que se me trate como cualquier otro ciudadano con derechos«, manifestó.
INSTANCIAS
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, anunció que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para conseguir que se anule la prisión preventiva.
«No tengan la mejor duda de que vamos a ir a toda las instancias nacionales e internacionales porque esto no tiene nombre, se le están negando todos los derechos. No es posible que ella sin haber sido gobierno se le haya impuesto prisión preventiva”, dijo Loza.
Criticó la resolución del juez y señaló que tuvo un “lamentable nivel jurídico”.
“No han corroborado absolutamente nada (la fiscalía) solo la simulación de aportes, no hay peligro de fuga, es inconcebible que se pueda decir que no hay arraigo domiciliario, todos conocen donde vive Keiko Fujimori. Te das cuenta del nivel jurídico, hay una discriminación, un juez no puede decirle a alguien en qué gastar su dinero. Bajo este criterio ningún peruano está libre. Es lamentable el nivel jurídico”, señaló.
Abogada Giulliana Loza anunció que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para conseguir que se anule la prisión preventiva.
