La presidenta electa insistió en que solicitará al Congreso poderes especiales para aplicar medidas urgentes frente al avance de la criminalidad en el país.

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, reafirmó que solicitará facultades legislativas al Congreso con el objetivo de implementar acciones inmediatas para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana.

Durante sus declaraciones, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que el país atraviesa una situación crítica en materia de criminalidad, por lo que consideró necesario contar con herramientas excepcionales que permitan acelerar la toma de decisiones y aplicar reformas de manera rápida.

Fujimori explicó que estas facultades estarían orientadas principalmente a fortalecer la lucha contra delitos como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, fenómenos que han venido incrementándose en distintas regiones del país.

Medidas urgentes contra la delincuencia

La futura mandataria ha venido planteando una estrategia integral que incluye el refuerzo de la Policía Nacional, el uso de inteligencia para desarticular mafias y una mayor coordinación entre instituciones del Estado.

Asimismo, ha señalado que se evaluarán acciones más firmes, como el despliegue de fuerzas del orden en zonas críticas y el combate financiero a las organizaciones criminales mediante el rastreo de dinero ilícito.

En ese contexto, las facultades legislativas permitirían aprobar normas en menor tiempo, sin depender de los largos procesos del Congreso, con el fin de responder con rapidez a la crisis de seguridad.

Seguridad, eje central del nuevo gobierno

La lucha contra la delincuencia se ha convertido en uno de los principales pilares del próximo gobierno. Fujimori ha reiterado en diversas oportunidades que la ciudadanía exige orden y medidas firmes frente a la inseguridad.

El pedido de facultades se enmarca en esa línea, buscando dotar al Ejecutivo de mayores herramientas legales para enfrentar un problema que hoy figura entre las principales preocupaciones de los peruanos.

Con este anuncio, la presidenta electa marca una de sus primeras prioridades de gestión, en un contexto donde la expectativa ciudadana se centra en resultados concretos frente al avance del crimen.