La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, acudió al Tribunal Constitucional (TC) en busca de archivar el proceso judicial que se le sigue por el Caso Cócteles. Todo ello ante el papelón de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela quienes no presentaron pruebas contra ella y más aun que el testigo estrella Jorge Barara decidió no declarar y la fiscalía brasileña suspendió la cooperación judicial con el Perú por mal manejo del caso Lava Jato.
Lo hace a través de un recurso de habeas corpus, el mismo que fue entregado el pasado 2 de julio según se aprecia en el sello de recepción del documento.
La excandidata presidencial pidió al TC anular las imputaciones en su contra, así como la acusación, el auto de enjuiciamiento y todo lo actuado hasta la fecha, en el proceso por el presunto delito de lavado de activos, crimen organizado y otros, por la recepción de presunto dinero ilegal de la empresa Odebrecht y empresarios nacionales.
El recurso es contra el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien estuvo a cargo del control de la investigación preparatoria y quien declaró procedente el juicio oral en su contra.
Antes de llegar al Tribunal Constitucional, el habeas corpus había sido interpuesto por Keiko Fujimori Higuchi y su defensa ante el Poder Judicial (PJ) en febrero del 2024.
Sin embargo, en primera instancia, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima declaró infundado el recurso argumentando que lo que se pedía era una revisión de los actuados vinculados a los cargos imputados, situación para la que estaba solo facultado el juez en sede penal, más no constitucional.
La apelación de la demanda también fue rechazada en segunda instancia, en mayo del 2024 por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que además de coincidir con el juzgado de primera instancia, señaló que no se podía concluir la afectación de derechos fundamentales vinculados a un habeas corpus.
Las investigaciones que llevan el Equipo Lava Jato, que tiene como principales actores a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez empiezan a caerse a pedazos.
En un acto de desesperación intentarán utilizar las declaraciones previas escritas y/o en video de Jorge Barata, quien anunció que no declarará ante la justicia peruana, pero el Código Procesal Penal dice que al anularse una colaboración eficaz las declaraciones del colaborador se tienen como inexistentes. Esto ha causado preocupación en la fiscalía por el papelón de ambos fiscales, más aun que la fiscalía brasileña suspendió la cooperación judicial con el Perú debido al mal uso de la información por parte del equipo Lava Jato.
