Por patraña del 2016 que trató de vincularla falsamente con lavado de activos
Pablo Carranza
La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero declaró al diario La Razón que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori podría demandar penalmente a los responsables de la falsa acusación, el 2016, de haber entregado US$ 15 millones a Joaquín Ramírez para que lave el dinero por medio de una cadena de grifos y con ello poder financiar ‘legalmente’ su campaña electoral del 2011.
Esto después de que la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) confirmara que nunca existió un audio que así lo señalara, como se afirmó en un reportaje de Cuarto Poder el 2016.
“No se va a poder retrotraer todo lo que sucedió a consecuencia de ese informe periodístico pero la víctima (Keiko Fujimori) sí puede entablar acciones judiciales contra Jesús Vásquez por su testimonio, al autor del reportaje, al programa y al canal en la modalidad de difamación y calumnia, porque su imagen fue fuertemente perjudicada en un contexto especial como lo es una campaña electoral”, declaró Ampuero.
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Cabe destacar, que en el programa dominical se presentó el testimonio de un piloto comercial peruano radicado en Estados Unidos, Jesús Vásquez, quien afirmó haber grabado conversaciones con Joaquín Ramírez, lo cual dio lugar a la indagación en las oficinas de la DEA, donde “se habría confirmado” la existencia de una grabación donde Joaquín Ramírez confesó haber recibido 15 millones de dólares para los mencionados fines.
Ante la pregunta, de si Keiko Fujimori podría pedir una indemnización económica por el enorme perjuicio sufrido por ese reportaje malintencionado, la exprocuradora dijo que “eso dependerá de su defensa legal y de cómo quieran cuantificar el daño recibido”, y que, por otro lado, “no se puede descartar una pena con cárcel efectiva, tomándose como referencia al caso de la periodista Magaly Medina”.
“Es importante tener en cuenta la delicadeza de la situación al denunciar a un medio de comunicación o un periodista por difamación porque siempre existe la dicotomía entre el derecho al honor personal o a la privacidad contra el derecho a la libertad de expresión, que es una discusión que aún se libera en el Perú”, agregó.
Además, Ampuero señaló que también se puede considerar presentar una denuncia ante el órgano regulador correspondiente, como un consejo de prensa o una comisión nacional de medios de comunicación, consignando las pruebas y procedimientos establecidos por el órgano regulador.
“Los medios de comunicación a veces pueden verse tentados a publicar información sensacionalista para atraer la atención del público o para distorsionar la opinión del mismo. En su afán por obtener una audiencia más amplia, pueden descuidar la veracidad de la información y difundir acusaciones infundadas, pero eso debe comprobarse adecuadamente”, dijo al respecto.
Efectos
La falsa denuncia del 2016, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, decantó en la ajustada derrota de Keiko por poco más de 40,000 votos ante su contendiente PPK.
