Por: Martín Belaunde Moreyra
Los tres nombres de la anterior trilogía solos son muy complicados, reunidos aún más. Precisamente eso ha ocurrido en el allanamiento por los fiscales de la casa del ex presidente Kuczynski, en el cual según las noticias encontraron un borrador de la resolución del indulto de Alberto Fujimori y además anotaciones de ciertas reuniones de PPK con representantes de Odebrecht. ¿Cómo explicar la existencia del primer documento y de los encuentros con tales representantes? Hasta ahora PPK se ha limitado a comentar que tales encuentros se realizaron cuando él ya no ejercía la función pública.
Analicemos la primera situación, ¿constituye un indicio delictivo que en la casa de PPK se haya encontrado un borrador de la resolución del indulto de Fujimori? Cabría argumentar que es un documento público que no debería encontrarse en una residencia privada, así fuere la del Jefe de Estado. El lugar para conservarlo teóricamente debería ser el Palacio de Gobierno o el Ministerio de Justicia. Pero debemos tener en cuenta que un borrador solo es un proyecto y pueden redactarse muchos, hasta llegar al instrumento más adecuado. El borrador no significa nada, excepto que es un indicio de la voluntad presidencial de ordenar el indulto de Fujimori, como así ocurrió algún tiempo después.
Ahora bien, el indulto es una facultad presidencial señalada en el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución, lo cual significa que solo él la decide, con la refrendación ministerial establecida en su artículo 121. El indulto está sujeto a un procedimiento que comienza con la petición del interesado y requiere de los informes que señalan las normas reglamentarias para justificarlo por razones humanitarias o por las que correspondieren. Los informes, sin embargo, resultan insuficientes porque no obligan al Jefe de Estado. ¿Si tales informes son negativos eso impide el indulto? Este columnista no conoce de ningún caso que se haya procedido a otorgar un indulto con informes denegatorios. Sin embargo, eso no ocurrió en el caso de Fujimori. Lo que sí resulta claro es que puede haber un informe favorable para el indulto y no por ello el Presidente está obligado otorgarlo. Entonces se desprende de todo lo anterior que PPK, al momento de materializar la decisión del indulto, pudo ordenar que se redacte el instrumento jurídico que él y su ministro de Justicia considerasen más adecuado. Por consiguiente, el borrador de la resolución del indulto, es un documento que en sí mismo carece de relevancia jurídica en el ámbito penal.
Las reuniones con los representantes de Odebrecht reflejan otra situación. PPK como ministro de Toledo podía reunirse con cualquier persona para tratar asuntos que interesan al gobierno, incluso con representantes de contratistas o concesionarios del Estado, siempre que no hubiere nada ilegal o ilegítimo. Comunicarse es indispensable en cualquier actividad. Es cierto que la reunión de PPK con los representantes de Odebrecht se realizó en el año 2008, cuando ya no ejercía la función pública, pero el hecho de discutir el proyecto de Olmos, financiado por el Estado, le obligaba a tener extremo cuidado, particularmente si como asesor luego recibió importantes honorarios. En ese caso existe la posibilidad de un conflicto de interés y eso debe ser materia de una investigación para determinar cualquier responsabilidad futura.
