A pesar de que la arbitraje internacional se ve cada vez más como una forma efectiva de resolver disputas en América Latina, aún no está cumpliendo con las expectativas.
Muchos países latinoamericanos han adoptado leyes de arbitraje modernas, pero los resultados siguen siendo decepcionantes.
Tomemos como ejemplo las tensiones actuales de Chile con Perú y Bolivia sobre las zonas económicas exclusivas y el acceso al Océano Pacífico. A pesar de los fallos de la Corte Internacional de Justicia que confirman la soberanía de Chile sobre la mayoría de los territorios, Bolivia y Perú siguen presionando sus reclamos.
Estas tensiones solo han empeorado con la afluencia de migrantes venezolanos al altiplano, con cada país culpando al otro por su mal manejo de la situación.
De manera similar, la ONU ha aconsejado a Haití y a la República Dominicana dejar que los tribunales decidan quién tiene razón en una disputa sobre un canal de irrigación en el río Masacre compartido. Haití lo ve como vital para la soberanía alimentaria, mientras que las autoridades dominicanas argumentan que pisotea un acuerdo formal, desviando agua de sus tierras.
Esta disputa ha provocado una fuerte militarización fronteriza, haciendo improbable una resolución pacífica a través de la arbitraje.
El desastroso historial de arbitraje en América Latina refleja su incapacidad para desactivar conflictos y asegurar una paz duradera. En lugar de resolver problemas, este proceso defectuoso frecuentemente los intensifica.
Pero sin reformas significativas, la arbitraje corre el riesgo de convertirse en un terreno de juego para entidades depredadoras, impulsadas por el lucro, y para partes malignas que persiguen resultados favorables para proteger sus reclamos injustos bajo una fachada de legalidad.
Estos desafíos no se limitan solo a América Latina; también resuenan en Asia, particularmente en medio del tumulto en torno al disputado Mar de China Meridional. Recientemente, un destacado exjuez filipino instó a su gobierno a unirse a Vietnam para enfrentar el impedimento de China a los derechos de pesca a través de la arbitraje.
Pero las probabilidades de resolver la disputa de propiedad del Mar de China Meridional a través de la arbitraje son escasas, dada la creciente pero subreportada demanda en Malasia, donde un grupo que afirma ser heredero del olvidado Sultanato de Sulu ha demandado por derechos de recursos en Sabah, su provincia más oriental.
El caso Malasia-Sulu gira en torno a un tratado de la era colonial con Gran Bretaña que arrendaba Sabah por una tarifa. Aunque los expertos dudan de la validez del tratado, el caso se ha descontrolado desde entonces: gracias a las leyes de financiación de terceros, los herederos de Sulu aseguraron $20 millones del oportunista financiador de litigios Therium para perseguir sus reclamos dudosos en tribunales de toda Europa.
La participación no divulgada de Therium plantea serias preocupaciones, desplazando el enfoque de la justicia hacia una despiadada búsqueda de lucro con los activos de Malasia. Incluso Gonzalo Stampa, el juez presidente que otorgó $15 mil millones a los demandantes, recibió un pago asombroso de $2 millones, lo que los expertos afirman es una suma «inusualmente alta» para su rol.
No es sorprendente que Therium se haya negado a comentar sobre este asunto preocupante.
El veredicto de ‘premio final’ de Stampa, que vio los activos estatales de Malasia congelados en un banco de Luxemburgo, ahora está nublado de dudas después de que Stampa recibiera una condena penal por incumplir órdenes judiciales.
Ante tales vías evidentes de corrupción potencial, Petronas, la compañía energética estatal que representa el caso de Malasia, ahora ha llevado a Therium a un tribunal en Manhattan, donde esperan descubrir documentos críticos pertinentes al caso y a su relación con Stampa.
Mientras se desarrolla esta lucha pivotal, Malasia se tambalea por las pérdidas, con $15 mil millones de sus activos nacionales injustamente congelados, un golpe crítico para sus planes visionarios de crecimiento económico. Esta crisis no solo socavó la histórica soberanía de Malasia sobre Sabah, sino que también envalentonó a Filipinas, su vecino, para reclamar audazmente su derecho ante la ONU.
Los países latinoamericanos que contemplan la arbitraje internacional para resolver disputas deben tomar nota cuidadosa de este enfrentamiento legal. Numerosas naciones enfrentan limitaciones financieras, lo que las hace susceptibles a financiadores de litigios de terceros depredadores impulsados más por el lucro que por la justicia. Además, el entorno regulatorio de América Latina con frecuencia carece de robustez y consistencia, lo que resulta en conclusiones legales impredecibles a medida que evolucionan las regulaciones.
La arbitraje puede tener promesa para el futuro de América Latina, pero exige reformas inmediatas. Estas reformas deben incluir la imposición de límites en las porciones de premios otorgados a entidades de terceros, la exigencia de divulgación pública de los acuerdos de financiación y garantizar la transparencia respecto a posibles conflictos de interés entre los árbitros.
Hasta que estas reformas se implementen seriamente, no es de extrañar que las naciones latinoamericanas prioricen la fuerza militar y las alianzas con países poderosos para salvaguardar la soberanía en lugar de abrazar la arbitraje internacional.
