Por: Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
Desde que Ollanta Humala y Nadine Heredia abandonaron la prisión, se ha desplegado una clara estrategia para victimizarlos. Un plan que algunos no desean reconocer pero cuyo objetivo es conseguir, por la vía de la compasión, que las contundentes pruebas en su contra pasen a un segundo plano.
La primera declaración de Humala, en los exteriores del penal, no hizo referencia a ninguno de los documentos fiscales que certifican la triangulación financiera que aplicaron junto a su esposa para embolsillarse varios de los millones que el chavismo y el lulismo les enviaron a través de mecanismos mafiosos como valijas o ‘mulas’ con dinero adherido al cuerpo.
Tampoco hizo mención a las agendas de Nadine, que -aunque lo nieguen- constituyen un mapa detallado de su delictivo accionar, al consignar montos, transferencias, maniobras de ocultamiento –como las vinculadas a la ginecóloga-embajadora o a Ivoska Humala-, y comprometedores apuntes como que «el juez se puede escoger», entre otras perlas.
Lo que sí hizo Ollanta fue denunciar persecución y venganza en contra de su familia, a la que curiosamente no fue a ver de inmediato sino luego de trasladarse a su local partidario para dar un discurso en el que anunciaba un proyecto político de cara al 2021.
Días después fuimos testigos de la manera tendenciosa en que se quiso presentar la incautación de propiedades vinculadas a la expareja presidencial.
Nadie puede alegrarse por el desalojo de una familia, y puede haber discrepancias en torno a si era mejor –o más efectivo para el proceso- la incautación antes que el embargo y el impedimento de venta del bien, pero lo cierto es que el juez actuó en base a la ley y de acuerdo a lo sustentado por el fiscal.
Sin embargo, aprovechando la desinformación ciudadana y de varias de nuestras autoridades, la dupla Humala – Heredia y sus acólitos trataron de matar dos pájaros de un tiro: apelar a la conmiseración y demoler mediáticamente al juez Richard Concepción.
Por un lado, cuestionaron duramente el haber dejado a sus menores hijos sin su casa, pese a que –de acuerdo a la Fiscalía- se trata del bien producto del delito. En tanto, conforme avanzaron las horas, se encargaron de presentar como incoherentes y faltos de firmeza las tres resoluciones emitidas por Concepción Carhuancho.
El más entusiasta de los críticos fue César Nakazaki, abogado del exmandatario, quien rechazó que en menos de 24 horas el juez dispusiera la incautación de la vivienda, la suspensión de la medida y la anulación de esta última disposición.
Por su parte, Humala se mostró indignado por lo que llamó “marchas y contramarchas sin sentido”. Este falso discurso –repetido varias veces- caló en la opinión pública y se puso en entredicho el desempeño del juez y del fiscal. Incluso el propio presidente del Poder Judicial salió a criticar a Concepción.
Sin embargo, lo real es que Nakazaki montó todo un show para seguir victimizando a sus clientes.
El juez nunca suspendió la incautación, solo dio un plazo mayor para el desalojo, a pedido del propio Nakazaki. Pese a ello, sus patrocinados continuaron retirando sus cosas de la casa y lo concluyeron en la madrugada del 08 de mayo, procediendo a entregar la propiedad. En el transcurso de ese mismo día, el juez consideró que ya no era necesaria la ampliación que dio y procedió a dejarla sin efecto.
La manera interesada en que se ha presentado este tema es solo parte de la ofensiva política y mediática de los Humala para no responder por las pruebas en su contra en el ámbito jurídico. Por ello es necesario que los medios permanezcan atentos y que tanto el fiscal como el juez tengan una mejor capacidad de reacción a futuro, a fin de evitar que la falta de información sea el vehículo para la manipulación.
