Mientras el Ministerio Público abre una investigación preliminar basada en un correo anónimo que calca un guion televisivo, la justicia ha formalizado investigaciones preparatorias contra los directivos de Andes SAC por delitos graves.
El contraste entre los expedientes, que se suma a una multa de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) contra Andes por falsificación, sugiere que la «alerta de espionaje» sería una maniobra instrumentada para resolver una disputa societaria.
Diversas empresas privadas de capitales nacionales y/o extranjeros se encuentran dentro o colindan con la zona comercial del Ala Aérea N° 2. Dentro de dicha explanada también queda la sala de embarque de pasajeros del Grupo Aéreo N° 8 para vuelos charters.
La sincronía del “Riesgo de Soberanía” y el Fraude
En el análisis de la justicia peruana, la aparición de una supuesta «alerta de seguridad nacional» contra la empresa Puma Air presenta un patrón temporal revelador: surge estratégicamente en el momento de mayor tensión de una lucha accionarial.
Esta «alerta» coincide con la formalización de una investigación preparatoria penal (Caso 506014501-2024-3381-09) interpuesta por el ciudadano chileno Walton Mery Pinto —socio fundador de Servicios Aéreos de los Andes (Andes SAC)— contra sus socios y actuales directores de la compañía. Lo que se publicita como una amenaza a la soberanía parece ser, en rigor, un «fuego de cobertura» para desviar la atención de denunciados delitos de administración fraudulenta, apropiación ilícita, hurto agravado y falsificación de documentos que ya pesan sobre la cúpula de Andes.
- La paradoja del «espía» accionista y el equipo técnico peruano
La narrativa del espionaje presenta vacíos lógicos y técnicos que desafían el rigor de cualquier análisis de inteligencia serio:
– Talento técnico calificado: A diferencia de las versiones propaladas en medios, el equipo operativo de Puma Air no es una célula extranjera sino una empresa peruana legalmente constituida desde el 2017 conformada por personal de años de experiencia en el rubro, muchos ex trabajadores de Andes SAC. Cabe indicar que, a nivel mundial, la principal fuente de recurso humano en el sector aeronáutico proviene de las Fuerzas Armadas y que dependiendo del tipo de máquina puede requerir contarse con personal extranjero calificado. Sin embargo, actualmente sus pilotos y técnicos son ciudadanos peruanos, en su mayoría exmiembros de las fuerzas armadas. La distribución accionarial y plana directiva, en su mayoría peruana, cumple con todos los requisitos de Ley exigidos por la autoridad, quien anualmente audita a la empresa.
– El absurdo del vínculo: La fiscalía investiga a Puma Air por mantener presuntos vínculos con Walton Mery Pinto bajo la etiqueta de «espía». Sin embargo, Mery Pinto es —según registros públicos— socio fundador y accionista de Andes SAC, empresa dirigida exclusivamente por sus socios, con quienes mantiene serias denuncias penales. Resulta procesalmente exótico criminalizar a una empresa por su relación estratégica con una persona que es, legalmente, copropietario de su principal competidor y que dirigió dicha compañía por 10 años, siendo para la DGAC un reconocido empresario aeronáutico, detalle que el reportaje de Panorama omitió extrañamente.
– Historial de confianza estatal: Entre 2005 y 2015, como Gerente General y representante legal de Andes SAC, Walton Mery suscribió diversos contratos de arrendamiento de espacios y hangares dentro de las bases con la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y el Ejército del Perú, cumpliendo todos los protocolos de seguridad estatales. Estos convenios son un estándar para cualquier operador civil, dada la poca infraestructura aeroportuaria existente y la naturaleza de sus operaciones.
– Direccionamiento sospechoso: El reportaje menciona una supuesta investigación de la DINI y dirige el foco a Mery Pinto basándose solo en su condición de exmilitar chileno. Si el propósito fuera genuino, se habría cuestionado a Marco Vásquez, accionista de Puma Air, y de reconocida trayectoria técnica a nivel internacional en el sector aeronáutico, quien posee la misma condición de exmilitar que Mery Pinto y que en su condición de especialista de helicópteros, ha ingresado a las instalaciones del Ala 2 tanto con Puma Air como servidor de Andes, sin ningún incumplimiento de seguridad. No solo parece bastante absurdo el reportaje del supuesto espionaje, sino que existe una clara la fijación en Mery Pinto, lo que denota una intencionalidad dirigida.
- La «triangulación» fiscal y el guion mediático
La construcción de este caso muestra una metodología de «noticia fabricada» que ha sido mimetizada por el Ministerio Público:
1.- El Blueprint televisivo: El dominical Panorama lanzó en julio del 2025 una acusación basada en condicionales, apoyada legalmente por Enrique Ghersi, quien, de forma «coincidente», ha sido abogado de Andes SAC en litigios contra Mery Pinto.
2.- La Denuncia Anónima: El correo «DenunciaCiudadana25» supuestamente denunciante, replicó el guion de la TV para forzar una investigación. La carpeta abierta en San Isidro-Lince carece de algún informe técnico de la DINI; de existir un riesgo real, este debería haber generado preocupación a nivel de Cancillería.
3.- Evidencia de Descargo: La propia Fuerza Aérea ha aclarado que las zonas mencionadas corresponden a áreas comerciales donde diversas empresas nacionales y extranjeras—como la chilena Ecocopter o la colombiana Air Caribe— arriendan espacios de operación. De hecho, Puma Air ocupó legítimamente el espacio que dejó Ecocopter tras el cierre de sus operaciones en el país, lo que confirma que el uso de estas áreas es una práctica comercial rutinaria, transparente y controlada para el sector aeronáutico en el país.
- Coincidencias sospechosas y captura institucional
La batalla se ha trasladado a INDECOPI, donde Puma Air enfrenta una denuncia por «sabotaje empresarial» por parte de Andes SAC (Exp. 164-2025/CCD). La aparición de esta denuncia despierta alarmas por las “coincidentes” conexiones de Andes SAC con este organismo:
– El actual presidente de INDECOPI fue abogado principal de Andes SAC y principalmente de Juan Alberto Regis, director ejecutivo de dicha empresa.
– La actual Gerente General de Andes SAC proviene del estudio jurídico del actual presidente de la institución. Estos “coincidentes” vínculos sugieren una posible organización de intereses destinada a utilizar la burocracia estatal para hostigar administrativamente a la competencia.
- Hacia una investigación por conspiración
La acumulación de estas “coincidencias” obliga a las autoridades a investigar la posible colusión con servidores públicos. Si esta «novela» de espionaje fue facilitada por funcionarios que omitieron su deber de imparcialidad, el escenario cambiaría drásticamente.
Se espera que las investigaciones fiscales no arrojen sorpresas sobre tráfico de influencias. De confirmarse que el aparato del Estado fue instrumentalizado mediante engaños para hostigar a un ciudadano extranjero, destruir la competencia y ocultar delitos de administración fraudulenta, estaríamos hablando de una organización para delinquir.
Mientras la causa por espionaje es una especulación preliminar, la realidad judicial es que los directivos de Andes SAC enfrentan Investigaciones Preparatorias Formalizadas por Falsedad Genérica, Administración Fraudulenta, apropiación ilícita, hurto agravado y falsificación de documentos. Además, la DGAC recientemente sancionó a Andes SAC con 35 UIT de multa por falsificación de documentos, una señal fáctica de la comisión de un delito. El sistema de justicia debe investigar a profundidad a fin de determinar si existe el supuesto espionaje o sólo se trataría de una premeditada conspiración delictiva.
