El Ministerio Público enfatiza la seriedad de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en este periodo, señalando que tales acciones no deben quedar sin castigo.
Después de que se desestimara la acusación de genocidio contra la presidenta Dina Boluarte, El Ministerio Público anunció una denuncia constitucional en contra de Dina Boluarte por las muertes durante las protestas al inicio de su gobierno, fueron en total 44 personas fallecidas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el Ministerio Público informó que la denuncia constitucional presentada ante el Congreso también incluye a varios exministros del gobierno de Boluarte.
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Los denunciados incluyen a Pedro Angulo Aranda y Alberto Otárola, quienes fueron presidentes del Consejo de Ministros, así como a Jorge Luis Chávez, exministro de Defensa. También figuran César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, quienes ocuparon el cargo de ministros del interior.
La Fiscalía acusa a estos altos funcionarios como «presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado» bajo la figura de comisión por omisión (omisión impropia) con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. Además, se les imputa lesiones graves y leves bajo la misma figura legal.
La denuncia sostiene que los delitos se cometieron durante las protestas que comenzaron al inicio del gobierno de Dina Boluarte, afectando a diversas regiones del país, incluidas Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. En estas manifestaciones, 41 personas fallecieron por disparos y 3 por golpes con objetos contundentes.
El Ministerio Público enfatiza la seriedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este periodo, subrayando que estas acciones no deben quedar sin castigo. La presentación de esta denuncia constitucional refleja el compromiso de la Fiscalía con la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La noticia ha tenido un fuerte impacto en el ámbito político y social del país, mientras se espera la respuesta del Congreso a esta denuncia constitucional. La presidenta Dina Boluarte y los exministros implicados aún no han hecho declaraciones oficiales sobre este nuevo desarrollo.
Archivaron la denuncia por genocidio en contra de Dina Boluarte
En la mañana, el Ministerio Público decidió archivar uno de los tres delitos imputados a la presidenta Dina Boluarte en el marco de la investigación por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022. Este archivo se refiere específicamente al delito de genocidio.
El abogado de la presidenta, Joseph Campos, se pronunció sobre esta decisión, señalando que las denuncias constitucionales representaban un daño para el país.
«Hemos estado más de un año y medio para decir lo que finalmente se ha dicho, y celebramos porque la idea de la existencia de una imputación tan grave como un delito de lesa humanidad le hace daño no solamente a la presidenta de la República, sino que también le hace daño al país. Por ello es importante recuperar la calma y recibir algún tipo de satisfacción en este tema», comentó Campos en una entrevista con RPP.
Indicó que la Fiscalía «ha decidido partir el expediente, nuevamente, en dos».
«Se va a seguir investigando homicidio calificado y lesiones graves, por otro lado, ha ordenado el archivamiento del delito de genocidio, cosa que saludamos. [La decisión se da] tardíamente, por cierto, porque hemos estado más de un año y medio para decir lo que finalmente se ha dicho», enfatizó.
