Por: Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
Una gran estafa a la opinión pública es la que ha armado cierto sector de la prensa y la política en nuestro país en torno al acuerdo de colaboración eficaz que será suscrito por el Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato con la constructora Odebrecht este 15 de febrero.
En las últimas semanas, varios personajes han puesto el grito en el cielo por la filtración del borrador del convenio, realizado por el programa de Phillip Butters, argumentando que se busca traer abajo el documento y beneficiar a corruptos. Sin embargo, se hacen los desentendidos cuando se les recuerda que el mismo contenido fue filtrado por IDL Reporteros varias semanas antes.
Los defensores de este allanamiento del Estado ante la empresa corrupta han tratado de justificar las cuestionables condiciones y excesivos beneficios con medias verdades o abiertas mentiras.
El pago de irrisorios S/ 610 millones como reparación civil han querido presentarlo como si fuese un requisito necesario para la entrega de información sobre los coimeros peruanos. Esta versión es absolutamente falsa.
“¿Qué prefieren: que Odebrecht pague más o que sepamos quiénes fueron sobornados?”, se preguntó más de uno de estos personajes en sus redes sociales, tratando de sorprender a sus incautos seguidores.
En el marco de un acuerdo de colaboración eficaz, se le deben dar beneficios a Odebrecht a cambio de información contundente y corroborable, pero es la Fiscalía la que tiene a su cargo ese tema.
El pago de la reparación civil no tiene nada que ver con eso, porque no se negocia. Y es la Procuraduría la que debe establecer el monto en base a la afectación producida por el ilegal accionar de la empresa. Es decir, los proyectos en los que Odebrecht pagó coimas.
Por eso llama la atención que pese a haberse admitido anteriormente sobornos en más obras, el dichoso acuerdo solo aborde cuatro de ellas.
Los beneficios que le ha otorgado el fiscal José Domingo Pérez a Odebrecht incluyen el archivo de todas las investigaciones, por lo que sus funcionaros solo serán considerados testigos; nada de multas, incautaciones, embargos, bloqueos de cuentas, o medidas cautelares.
Asimismo, no habrá retenciones tras la venta de sus activos, no se tocará su patrimonio, no se suspenderán sus actividades, no serán inhabilitados, por lo que podrán seguir contratando con el Estado dentro de poco.
La entrega de beneficios se enmarca en la Ley 30737, aprobada por el actual Congreso, pero consideramos excesivos todo lo que se le ha dado a Odebrecht por solo cuatro proyectos.
Lo extraño es que solo una parte de la citada norma se aplique en este caso, y no la referida al pago de reparación.
Dicen que criticar este acuerdo busca blindar a corruptos, pero al no incluir las obras desarrolladas en los gobiernos de Alejandro Toledo -con su ministro PPK-, Alan García, Ollanta Humala y Susana Villarán, más parece que los defensores de los coimeros están en otro lado.
Todos queremos que se sepa quiénes fueron sobornados en Perú. Que caigan todos los corruptos. Lo que no queremos es que mañosamente se quiera blindar a Odebrecht y que sus ayayeros y/o asalariados, quieran vendernos ‘sebo de culebra’, presentando esta maniobra de salvataje financiero como parte de la lucha contra la corrupción.
