Martín Belaunde
El 1 octubre último la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó su esperado fallo sobre la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile, para obligarlo a negociar de buena fe una salida marítima a favor dela república altiplánica. El resultado ha sido totalmente adverso a las aspiraciones jurídicas bolivianas y significa una importante victoria para Chile. La Corte de la Haya ha dicho que Chile no está obligado a negociar ninguna salida marítima y territorial en beneficio del país demandante, aunque si puede conversar con Bolivia dentro de un espíritu de buena vecindad.
Si bien la sentencia alude al recuento histórico de la Guerra del Pacífico, así como al Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile de 1884 y al Tratado de 1904, la Corte considera que Chile no está obligado a ceder territorio a Bolivia para otorgarle una salida al mar, sobre lo que su fue su antiguo territorio de Antofagasta ni sobre ningún otro. Las sucesivas negociaciones realizadas entre Bolivia y Chile durante los últimos 100 años no constituyen un precedente, que lleve a una futura negociación obligatoria para obtener un resultado positivo para Bolivia. Fueron simplemente ofertas, según Chile ni siquiera promesas, que por variadas razones no se concretaron en acuerdos vinculantes.
En tal virtud, Chile vivirá tranquilo en el futuro sin el temor de sufrir la espada de Damocles de la demanda marítima boliviana. Para Bolivia, y muy especialmente, para su actual presidente Evo Morales, así como para quienes lo apoyaron en esa pretensión, la sentencia constituye un tremendo fracasoque afectará la buena disposición del pueblo boliviano hacia ellos en su conjunto. Quizás también desencadene un movimiento en contra de su reelección indefinida. El voluntarismo de Evo Morales ha fracasado y ese revés se vuelve más duro cuando él apostó que la demanda boliviana se traduciría en un gran triunfo jurídico para su régimen.
¿Cuál es en realidad el verdadero fundamento de la sentencia de La Haya? Personalmente descarto cualquier motivación política por parte de la Corte. Así nunca actúa. Sus fallossiempre obedecen a consideraciones jurídicas, tal como el derecho es percibido por sus magistrados. La votación de 12 en contra de Bolivia y solo de tres a su favor, es un indicador que los jueces se inclinaron abrumadoramente hacia los argumentos de Chile. Quizás deberíamos preguntarnos si el solo hecho de que Bolivia y Chile hubierancelebrado negociaciones intermitentes en un período de cien años para remediar la mediterraneidad del país altiplánico, justificaba que La Haya obligue a Chile a celebrar negociaciones con ese propósito.
Conforme al Derecho Internacional Público las negociaciones internacionales son libérrimas y no pueden forzarse por la imposición de un país sobre el otro. La Corte ha estimado que no debía convertirse en el instrumento de una negociación imperativa, cuyos resultados dependían de la voluntad de las partes. Podemos concluir que los fundamentos de la demanda no explicaban acertadamente cómo se puede obligar a negociar, si los resultados de la negociación ni siquiera serían obligatorios. La doctrina de los actos propios invocada por Bolivia propios tampoco tuvo el efecto deseado. En resumidas cuentas, fracaso total en la pretensión jurídica boliviana. Mal para Evo, bien para Piñera.
