Así se gesto la demanda contra la equivalencia de pensiones
Carlos Huerta
En noviembre del año pasado, el Congreso de la República aprobó por insistencia, luego de que fuera observada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la Ley de Equivalencia o llamada también ‘Ley de Pensiones Justas’, que fue impulsada desde la Comisión de Defensa del Parlamento.
La ley corrigió la desigualdad que instauró el gobierno de Ollanta Humala y que afectaba a cerca de 120 mil pensionistas, entre ellos, a quienes lucharon contra el terrorismo y por la Pacificación Nacional.
Con la norma humalista, por ejemplo, un general de brigada del Ejército que pasó al retiro antes del 9 de diciembre del 2012 recibía una pensión de 7 mil 990 soles. En comparación, un coronel de la misma institución que dejó la actividad profesional después de esa fecha obtenía 8 mil 362 soles de pensión.
Se debe precisar que la decisión del régimen de Ollanta Humala habría sido ilegal, ya que la norma respectiva nunca tuvo un reglamento que permitiera su aplicación.
“El 8 de diciembre del 2012, Ollanta Humala y sus ministros de entonces firman el decreto legislativo 1133, que nos dejó sin pensión renovable, pero en la novena disposición complementaria final dice que se necesita una reglamentación. Esto nunca se cumplió, pero nos lo aplicaron irregularmente”, denunció Víctor Mascaro, del Instituto de Defensa del Policía.
Esto figura en el referido DL, lo cual –según Mascaro- configuraría una infracción constitucional, ya que cuando una norma expresamente dice que debe ser reglamentada, no puede ejecutarse sin este requisito. “El presidente habría infringido el artículo 118 de la Constitución, que en su inciso 8 precisa que esto es su potestad”, acotó.
Dada esta situación, el Congreso aprobó la ley de equivalencia de pensiones. Sin embargo, el Ejecutivo decidió interponer una demanda de inconstitucionalidad para traerse abajo la norma. Esto fue considerado como una traición por parte de la familia militar policial.
El 27 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30683 y designó al MEF para que la interponga, por lo que el 9 de enero de 2018, el citado ministerio delegó en el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional la representación para ejercer la defensa del Ejecutivo.
De ese modo, el 30 de enero del 2018 se interpuso la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la misma que fue admitida a trámite el 5 de abril del 2018, habiéndose corrido traslado de Ia demanda al Congreso para que presente la raspectiva contestación.
Mediante resolución de la Presidencia N° 102-2017/CDJE-JP, se dedignó al Procurador Público Especializado en Materia Constitucional para que ejerza la defensa jurídica del Poder Ejecutivo y en los procesos que deriven de los decretos legislativos 1132 y 1133.
Actualmente la demanda sigue su curso en el Tribunal Constitucional y se teme que pueda tumbarse la denominada ley de pensiones justas, la misma que se viene cumpliendo desde enero de este año.
